Diversas organizaciones civiles, especialistas en derechos humanos y trabajadores del Poder Judicial expresaron su inquietud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la reforma judicial recientemente aprobada en México. Durante la audiencia, quedó en evidencia la falta de un diagnóstico claro para sustentar los cambios, lo que genera preocupación sobre los posibles impactos negativos en la justicia y la equidad de género.
La Reforma Carece de Diagnóstico Y Metodología
José Antonio Montero, representante del gobierno mexicano, admitió durante su intervención que no existe un diagnóstico formal para justificar la reforma constitucional. “No existe un diagnóstico; sin embargo, desde 2017 hay análisis, hay diagnósticos, hay artículos que establecen la necesidad de reforma al Poder Judicial”, mencionó Montero, destacando un enfoque contradictorio por parte del gobierno.
Por su parte, Emilia Molina, magistrada federal y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores, fue contundente al señalar que el discurso oficial carece de una metodología sólida. “Las personas juzgadoras no liberan delincuentes. Si no se ha demostrado la culpabilidad, todas las personas son inocentes”, recalcó, subrayando que los principios fundamentales como la presunción de inocencia no deben ignorarse.
Impacto en la Equidad de Género Y la Independencia Judicial
Uno de los puntos más alarmantes es el previsto despido masivo de jueces y magistrados para 2025 y 2027, lo que afectará a al menos 346 mujeres y supondrá un retroceso en los avances de equidad de género en el Poder Judicial. Gloria Angélica Corroy Laguna, en representación de los trabajadores, denunció la desaparición de la carrera judicial y los despidos masivos que han acompañado la implementación de la reforma.
Además, Manuel Saturnino Ordóñez, secretario del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, pidió que el Estado mexicano elabore un informe sobre los riesgos que la reforma plantea para la independencia judicial y la división de poderes. También solicitó la intervención de organismos internacionales como la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Una Reforma Que No Aborda Los Problemas Reales
Marisol Méndez, coordinadora de incidencia de la Fundación para la Justicia, lamentó que la reforma no atienda los problemas estructurales del sistema judicial. “México necesita una reforma integral al sistema de justicia, pero no la que se aprobó. Hoy, el acceso a la justicia no es parejo y más del 90% de los delitos quedan impunes”, expresó Méndez, destacando la urgencia de fortalecer las fiscalías, las defensorías públicas y ampliar el acceso a la justicia.
La falta de un diagnóstico para sustentar la reforma judicial y las preocupaciones por sus posibles impactos han generado un llamado unánime a replantear este proceso. La justicia en México requiere soluciones integrales que garanticen equidad, independencia y acceso efectivo para toda la ciudadanía. Como expresó Emilia Molina: “Sin diagnóstico, no hay reforma legítima”.
