La Cámara de Diputados de México se prepara para debatir una propuesta de reforma judicial enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de transformar profundamente la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial en el país. Esta iniciativa, presentada el 5 de febrero, busca modificar diversos aspectos de la Constitución mexicana, incluyendo la composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la elección de ministros, magistrados y jueces, la estructura del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la implementación de nuevas reglas procesales.
Ignacio Mier, coordinador de la bancada del partido oficialista Morena, anunció la aprobación de un documento base por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para llevar a cabo diálogos en todo el país, con el fin de analizar y debatir las 20 iniciativas presentadas por López Obrador. Estos eventos están programados del 19 de febrero al 15 de abril, mostrando un esfuerzo por involucrar a la sociedad en el proceso legislativo.
La reforma propone reducir el número de ministros en la SCJN de 11 a 9, acortar su período de encargo de 15 a 12 años y eliminar la pensión vitalicia para los actuales y futuros ministros, ajustando además sus remuneraciones al tope de lo que percibe el presidente de la República. Asimismo, plantea una elección popular extraordinaria en 2025 para renovar a ministros, magistrados y jueces, permitiendo que los actuales puedan ser candidatos, un cambio que ha generado rechazo entre líderes de la oposición.
La propuesta también incluye la sustitución del CJF por dos nuevas entidades: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, buscando una mayor eficiencia y transparencia en la administración de la justicia. Además, introduce cuatro nuevas reglas procesales para agilizar los procedimientos judiciales y fortalecer la justicia local.
Sin embargo, esta reforma ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores, incluyendo la oposición política y miembros del Poder Judicial, quienes argumentan que podría vulnerar la independencia judicial y alterar el equilibrio de poderes en México. Felipe Fernando Macías, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y Rubén Moreira, coordinador de los diputados federales del PRI, han expresado su preocupación por el impacto de estas reformas en la estructura judicial y su posible influencia en futuras elecciones.
El magistrado Daniel Sánchez Montalvo, de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, advierte que la reforma representa un ataque directo a la división de poderes, poniendo en riesgo la independencia que debe prevalecer en el sistema judicial.
El debate sobre esta reforma judicial promete ser intenso y revelador sobre el futuro de la justicia en México. Las reformas constitucionales requieren una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y el apoyo de la mayoría de los congresos estatales, lo que significa que el proceso legislativo será complejo y requerirá un amplio consenso político.
