La Participación Femenina en El Proceso Electoral Judicial
En un contexto donde la paridad de género es una exigencia cada vez más fuerte de la sociedad, la reciente jornada electoral judicial en el Estado de México se ha convertido en un termómetro para medir los avances reales en la participación política de las mujeres. Esta elección, centrada en la conformación de espacios clave del poder judicial, abrió la puerta para observar con lupa el rol que las mujeres desempeñan en la vida pública y su acceso a los cargos más relevantes dentro del sistema de justicia.
Durante este proceso electoral, se registró un total de 397 candidaturas, de las cuales 186 fueron mujeres. Esto representa el 46.85% del total, una cifra cercana a la paridad formal, pero que al analizarse por tipo de cargo revela que la equidad no ha permeado todos los niveles del sistema. Esta realidad deja claro que si bien hay participación, las barreras estructurales continúan afectando el acceso efectivo de las mujeres a posiciones de mayor jerarquía y poder.
Disparidades en Los Cargos de Mayor Poder
Uno de los aspectos más reveladores de este proceso ha sido la baja representación femenina en las candidaturas para la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. De las 13 personas que aspiraron a este cargo, solo 3 fueron mujeres, lo que equivale a un 23.08%. Esta cifra contrasta drásticamente con los principios de paridad e igualdad sustantiva que buscan impulsar una distribución más equitativa de los cargos públicos.
Este patrón se repite, aunque con variaciones, en otros espacios del poder judicial. En las candidaturas a Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, las mujeres representaron el 48.43%, una cifra que se acerca más al ideal de equidad, pero que aún deja ver un pequeño margen de desventaja. Por otro lado, en las candidaturas para Juezas y Jueces del Poder Judicial del Estado de México, la representación femenina fue del 44.02%, lo que reafirma la tendencia general de subrepresentación femenina.
Solo en el caso de las Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial se observó una participación mayoritaria de mujeres con un 58.33%, destacándose como la única instancia en la que las candidaturas femeninas superaron a las masculinas. Este dato es relevante porque evidencia que, cuando existen las condiciones adecuadas, las mujeres pueden acceder de manera destacada a espacios de decisión.
Más Allá Del Registro: Los Desafíos Estructurales
Aunque las cifras generales pueden parecer cercanas a una participación equilibrada, los datos detallados reflejan una realidad más compleja. La diferencia en la representación por tipo de cargo indica que el problema no es solo de acceso, sino también de distribución del poder. A mayor jerarquía, menor es la presencia de mujeres, lo cual apunta a barreras que van más allá del simple registro de candidaturas.
Para avanzar hacia una verdadera paridad en la vida pública, no basta con cumplir cuotas; es necesario transformar las estructuras que históricamente han limitado el liderazgo femenino. Esto implica un análisis profundo de las causas que originan esta desigualdad, así como la creación de condiciones que favorezcan la participación efectiva y con impacto.
Hacia Una Participación Más Equitativa
El proceso electoral judicial en el Estado de México ha dejado en evidencia tanto los avances como las tareas pendientes en materia de paridad de género. La representación casi equitativa en algunas candidaturas demuestra que hay esfuerzos encaminados a incluir más voces femeninas en la toma de decisiones. Sin embargo, la desigualdad en cargos de alto poder indica que la paridad sustantiva aún está lejos de ser una realidad en todos los niveles.
Para cerrar estas brechas, es fundamental que las instituciones impulsen acciones concretas que promuevan la participación de las mujeres desde el liderazgo, con perspectiva de género y con estrategias para prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia política. El fortalecimiento institucional y la sensibilización en estos temas deben convertirse en ejes prioritarios para garantizar que el acceso de las mujeres al poder judicial no solo sea posible, sino también justo y sostenido.
El camino hacia la equidad está trazado, pero el avance real dependerá del compromiso colectivo para derribar los obstáculos que todavía persisten.
