La compra de votos en México sigue siendo un problema significativo y, sin embargo, pocos casos llegan a los tribunales. De 2018 a abril de 2024, menos del 1% de los casos de compra de votos se judicializaron, reflejando desafíos profundos en la investigación y persecución de este delito.
La Realidad de la Judicialización
Según datos proporcionados por la Fiscalía General de la República (FGR), se iniciaron 528 carpetas de investigación por compra de votos entre 2018 y 2024. Sin embargo, solo tres de estos casos (0.6%) llegaron a ser judicializados. La mayor parte de las carpetas se cerraron sin acción judicial: 242 por abstención de investigar, 158 por acumulación, 40 por incompetencia, y 78 por no ejercicio de la acción penal. Solo siete casos permanecen en trámite o investigación.
“En México, la compra y coacción del voto requiere de pruebas contundentes que, en muchos casos, son difíciles de obtener”, explican especialistas. La falta de pruebas y la clandestinidad de estas prácticas complican la recolección de evidencia.
Años con Mayor Incidencia
El 2018 fue el año con más investigaciones, con 209 carpetas abiertas. Le siguieron 2019 con 121 y 2021 con 166. En contraste, hasta el segundo mes de 2024 solo se registró una carpeta por compra de votos, reflejando una posible disminución o falta de denuncias.
Héctor Marcos Díaz Santana, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, subrayó la falta de interés institucional y la capacidad de investigación como barreras para la judicialización. “La capacidad de investigación para llegar a la verdad jurídica de los hechos” y el “interés que tenga una institución para trabajar de manera transversal” son cruciales, añadió.
Reflexión de Expertos
Salvador Mora, especialista en procesos electorales de la UNAM, considera que la actitud laxa de la FGR en estas investigaciones refleja un compromiso insuficiente con los procesos electorales justos. Según él, la mayoría de los partidos políticos en México practican la compra y coacción de votos. “El asunto es que unos lo hacen a partir de la promesa de si llego (al cargo)… será un delito si esta estrategia político-electoral cambia tu voto por un beneficio social o dinero”, explicó.
Mora también enfatizó la necesidad de políticos más éticos y un sistema de justicia efectivo para responder a las denuncias de compra de votos. “Es necesario tener un sistema de justicia que responda de manera efectiva y oportuna a las denuncias de compra de votos”, afirmó.
La Necesidad de Colaboración y Tecnología
Para mejorar la efectividad de las investigaciones, Díaz Santana sugirió una colaboración interinstitucional eficiente y el uso de tecnología avanzada. “En este país existe una impunidad (para este delito) mayor a 97 por ciento”, indicó, subrayando la necesidad de cámaras de vigilancia y una mayor inversión en inteligencia policial.
Despliegue de Funcionarios en Elecciones
En el marco de las elecciones más grandes en la historia de México, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel) desplegó más de 7,000 funcionarios públicos en los 32 estados para atender denuncias durante la jornada electoral. José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Electoral, afirmó que la institución cuenta con la capacidad operativa para atender estos delitos, apoyada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor).
La lucha contra la compra de votos en México enfrenta serios desafíos, desde la recolección de pruebas hasta la voluntad institucional para judicializar los casos. Mientras tanto, la implementación de tecnología y una colaboración interinstitucional más robusta pueden ofrecer soluciones para mejorar la efectividad de las investigaciones y reducir la impunidad. La participación de más de 7,000 funcionarios en las próximas elecciones es un paso hacia adelante, pero queda mucho por hacer para garantizar elecciones justas y libres de coacción.
