La violencia política en México, exacerbada por la influencia del crimen organizado, no solo pone en peligro la vida de los actores políticos, sino que también amenaza la integridad del proceso electoral y los fundamentos de la democracia en el país. Según Sandra Ley, coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, en los últimos cinco años se han observado 836 ataques a candidatos y autoridades electas, lo que ha llevado a una drástica reducción en la participación ciudadana en los comicios. Estos ataques no solo se limitan a los candidatos, sino que se han extendido a la administración pública en general, afectando a 581 municipios que albergan al 70% de la población del país.
Ernesto Núñez, subdirector del medio Animal Político, ha acuñado el término “gobernanza criminal” para describir cómo los grupos criminales han comenzado a influir en la política a nivel municipal, afectando la democracia desde sus niveles más básicos. Este fenómeno ha dado lugar a una erosión democrática que parece expandirse desde lo local hacia lo federal, afectando el sistema electoral en su conjunto.
La situación actual en México requiere una atención urgente y una respuesta coordinada de todos los niveles de gobierno y la sociedad civil para restaurar la confianza en el proceso electoral y fortalecer las instituciones democráticas. Como afirma Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, es imperativo trabajar en conjunto para garantizar la seguridad de todos los candidatos y ciudadanos. La recuperación de la paz y la estabilidad en las regiones afectadas por la violencia política es crucial para asegurar que México pueda enfrentar estos desafíos y reconstruir su tejido democrático.
