Revisión Exhaustiva de Concesiones Hídricas
El gobierno federal de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha lanzado un ambicioso proceso de revisión de todas las concesiones de agua otorgadas en las últimas décadas. El objetivo es corregir prácticas irregulares, eliminar el acaparamiento del recurso hídrico y garantizar un acceso más justo para la población.
Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum denunció la existencia de presas, lagos artificiales y pozos construidos sin autorización legal por parte de empresarios y figuras políticas. Estas estructuras, en muchos casos, obstruyen el acceso al agua a comunidades enteras, especialmente en regiones del norte como Chihuahua, donde la sequía ha golpeado con mayor intensidad.
Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indicó que ya se han revisado más de 260,000 concesiones registradas en todo el país. Muchas de estas presentan irregularidades en sus usos, transferencias o pagos. El nuevo enfoque busca no solo recuperar lo que se obtuvo de forma ilegal, sino también evitar abusos futuros mediante inspecciones, denuncias penales y nuevas herramientas digitales de control.
Inversión Histórica en Infraestructura del Agua
El rediseño de la política hídrica va acompañado de una inversión sin precedentes en infraestructura. Según Conagua, se destinarán más de 122,600 millones de pesos durante el sexenio para mejorar el acceso, almacenamiento y distribución del agua potable. Tan solo en 2025, se invertirán 30,885 millones de pesos en 37 proyectos prioritarios a nivel nacional.
Entre estas obras se destacan plantas desaladoras, acueductos intermunicipales, colectores pluviales y programas de saneamiento de ríos. Estos proyectos permitirán atender a más de cinco millones de personas y generar más de 65,000 empleos directos, especialmente en zonas rurales.
Uno de los pilares de esta estrategia es la modernización del riego agrícola. A través del programa de tecnificación, se canalizarán 62,000 millones de pesos en 17 distritos de riego, abarcando 240,000 hectáreas de cultivos, lo que permitirá un uso más eficiente del agua en el campo.
También se reforzará el programa PROAGUA, destinado a mejorar el abastecimiento urbano y rural, el cual contará con más de 7,700 millones de pesos en el próximo año. Este programa apoyará municipios con problemas críticos de agua y drenaje, así como zonas afectadas por el cambio climático.
Combate a La Corrupción y Reformas Legales
La presidenta Sheinbaum hizo un llamado a revisar las concesiones asignadas durante los procesos de privatización de décadas anteriores, que convirtieron el agua en una mercancía en manos privadas. En muchos casos, concesiones otorgadas con fines agrícolas fueron redireccionadas a desarrollos inmobiliarios, evadiendo pagos y violando las condiciones de uso original.
Para corregir este vacío legal, se pondrá en marcha el Registro Nacional De Agua Para El Bienestar, una plataforma centralizada con información pública sobre todas las concesiones activas. Esta base de datos permitirá mayor transparencia y facilitará auditorías ciudadanas y gubernamentales.
Adicionalmente, el gobierno prepara una reforma legal al marco hídrico nacional, que incluirá sanciones más severas por acaparamiento y permitirá revocar concesiones en casos comprobados de mal uso. Se impulsará también un nuevo esquema de derechos y tarifas, con criterios de justicia social y sustentabilidad.
Participación Ciudadana y Defensa del Derecho Humano al Agua
El gobierno federal ha subrayado que la transformación hídrica debe ser también social. Por ello, convocó a la ciudadanía, comunidades indígenas y organizaciones civiles a participar en el diseño y vigilancia de las políticas de agua.
Según Sheinbaum, el acceso al agua es un derecho humano constitucional que debe garantizarse sin distinción de clase, zona geográfica o capacidad de pago. La revisión de concesiones, la construcción de nueva infraestructura y la lucha contra la corrupción son herramientas necesarias para lograr la justicia hídrica en todo el país.
Se espera que, con estas medidas, México avance hacia un modelo más equitativo, donde el agua deje de ser una fuente de conflicto y se convierta en un bien compartido y protegido para futuras generaciones.
