El ex presidente peruano Pedro Castillo se encuentra actualmente en juicio por cargos de rebelión, grave abuso de autoridad y alteración de la tranquilidad pública. Los cargos surgen de un intento fallido en diciembre de 2022 de disolver el Congreso y declarar el estado de emergencia, acciones que tenían como objetivo evitar un voto de destitución inminente. Los esfuerzos de Castillo fueron rápidamente frustrados debido a la falta de apoyo militar, lo que llevó a su destitución inmediata y posterior arresto.
El proceso judicial tiene lugar en una base policial, donde Castillo permanece detenido desde su fallido intento de disolver el Congreso. Los fiscales buscan una sentencia de 34 años de prisión para el ex mandatario, quien anteriormente se desempeñó como líder sindical y maestro rural. Castillo, quien ganó las elecciones presidenciales de 2021 como candidato de izquierda, también enfrenta cargos separados por corrupción. Estas acusaciones incluyen presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para la construcción de un puente y promociones irregulares dentro del ejército.
La destitución de Castillo, siendo el primer presidente indígena de Perú, provocó protestas generalizadas, particularmente en las regiones del sur del país. Estas manifestaciones resultaron en al menos 49 muertes, destacando las profundas divisiones políticas y sociales en Perú. La situación también ha causado un significativo rechazo internacional, deteriorando las relaciones entre Perú y varios gobiernos de izquierda en América Latina. En particular, el gobierno colombiano ha sido crítico, sugiriendo que el enjuiciamiento de Castillo tiene motivaciones políticas.
Tras su destitución, Castillo fue reemplazado por Dina Boluarte, la entonces vicepresidenta, quien desde entonces se ha alineado con las facciones conservadoras en el Congreso. El gobierno de Boluarte se ha centrado en estabilizar el panorama político, forjando alianzas con los partidos tradicionales para mantener el control. Ha expresado su intención de completar el mandato presidencial de Castillo, con nuevas elecciones programadas para el próximo año.
Los partidarios de Castillo argumentan que sus intentos de disolver el Congreso fueron una respuesta a la continua obstrucción política por parte de los partidos conservadores, que según ellos impidieron la implementación de políticas destinadas a mejorar la infraestructura y la educación en las áreas rurales desatendidas. El propio Castillo ha presentado sus acciones como un esfuerzo por cumplir la voluntad del pueblo, a pesar de las críticas generalizadas y las consecuencias legales que ahora enfrenta.
Las audiencias del juicio han sido polémicas, con Castillo compareciendo ante el tribunal sin abogado personal, siendo representado por un defensor público. Ha descrito el juicio como ilegítimo, intentando recusar a uno de los jueces a cargo alegando parcialidad. El tribunal ha rechazado estos intentos, avanzando con los cargos presentados por la fiscalía.
La inestabilidad política tras la destitución de Castillo ha llevado a comparaciones con los primeros años de 1990, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori también intentó disolver el Congreso, lo que derivó en años de gobierno autoritario. Este paralelismo histórico ha suscitado preocupaciones sobre el futuro de la democracia en Perú, especialmente ante el descontento social y una sociedad profundamente dividida.
Mientras Perú se prepara para sus próximas elecciones, el desenlace del juicio de Castillo podría influir significativamente en el panorama político del país. El caso pone de relieve los desafíos persistentes de la gobernabilidad en Perú, marcados por divisiones políticas arraigadas y acusaciones de corrupción y autoritarismo.
