En un contexto de deliberación jurídica, los gobernadores de los 32 estados de México han expresado su firme oposición ante la posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa, un tema que actualmente se encuentra bajo la consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A través de una carta dirigida a Norma Piña, presidenta de la SCJN, los mandatarios subrayaron la crucialidad de esta medida dentro del marco de la Supremacía Constitucional y la seguridad nacional.
Supremacía Constitucional y Derechos
Los mandatarios enfatizaron la importancia de preservar la Supremacía Constitucional sobre cualquier norma internacional que pudiese comprometer el ordenamiento jurídico mexicano. Argumentan que la prisión preventiva oficiosa es esencial para casos de delitos graves, donde otras medidas no aseguran adecuadamente la presencia del imputado en juicio.
Impacto en la Seguridad y Justicia
La carta detalla también las preocupaciones sobre el potencial colapso de los tribunales federales, ante la obligación de revisar cada solicitud de modificación de la medida. Los gobernadores sostienen que la prisión preventiva oficiosa es fundamental no solo para el buen desarrollo del proceso penal, sino también para proteger a las víctimas y evitar la impunidad.
En un llamado a la prudencia y consideración, los gobernadores de México solicitan a la SCJN que tome en cuenta estos argumentos antes de tomar una decisión final. La resolución sobre la prisión preventiva oficiosa podría tener un impacto significativo en la seguridad y la gobernabilidad del país, destacando la necesidad de un balance entre derechos individuales y necesidades colectivas.
