La situación política y social en Bolivia continúa tensándose tras la decisión del ex presidente Evo Morales de no atender una convocatoria de diálogo por parte del actual mandatario, Luis Arce. Esta falta de respuesta se produce en medio de bloqueos de carreteras organizados por sectores afines a Morales, quienes presionan al Gobierno con demandas que incluyen la habilitación del ex presidente como candidato para las elecciones generales de 2025, y la retirada de los procesos judiciales en su contra.
Desde este lunes, organizaciones que apoyan a Morales han bloqueado varias vías clave en el país, afectando especialmente la región central de Bolivia. Estos sectores, que afirman defender los intereses de la población, han generado un impacto económico significativo al interrumpir el flujo de productos esenciales como alimentos y combustible. Esto ha ocasionado el encarecimiento de productos básicos como tomate, papa, azúcar, pollo y huevos, afectando principalmente a los ciudadanos de bajos ingresos.
El Gobierno de Luis Arce ha manifestado su preocupación por las consecuencias de estos bloqueos, advirtiendo que el aumento de los precios de los alimentos y del transporte público interprovincial golpea directamente a las personas con menos recursos económicos. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, señaló que las medidas de protesta contradicen el discurso de los manifestantes, quienes afirman defender la economía del pueblo.
El Gobierno esperaba que el diálogo ofreciera un espacio para abordar las dificultades económicas que enfrenta Bolivia, una de las razones principales detrás de las protestas. Sin embargo, Morales no asistió a la reunión, lo que ha complicado aún más la posibilidad de una resolución pacífica al conflicto. Entre las demandas de los manifestantes se encuentra, además de la habilitación de Morales como candidato, la solución a problemas económicos como la escasez de dólares y combustibles, así como el aumento en el costo de ciertos alimentos.
Uno de los puntos más controvertidos de la protesta es la exigencia de que el Gobierno reconozca un congreso partidario en el que Evo Morales fue ratificado como “candidato único” del Movimiento al Socialismo para las próximas elecciones presidenciales. Este congreso, celebrado en Lauca Ñ, ha sido motivo de tensión dentro del partido, ya que tanto Morales como Arce se han distanciado por diferencias en la gestión del Estado y en la dirección del MAS.
Por su parte, líderes campesinos afines a Morales condicionan cualquier diálogo con el Ejecutivo a que se reconozca dicho congreso y se levanten los procesos judiciales contra el ex mandatario. Morales está siendo investigado por el Ministerio Público por presunta trata de personas y estupro, delitos que involucran una menor de edad con quien supuestamente tuvo un hijo. Aunque Morales fue convocado a declarar el viernes pasado ante la Fiscalía en Tarija, su defensa presentó una excusa legal, y sus seguidores comenzaron los bloqueos en protesta por lo que perciben como una persecución política.
El Gobierno ha calificado las protestas como de carácter “político” y ha señalado que responden a “intereses personales” relacionados con la situación judicial de Morales. A su vez, ha hecho un llamado a que las ideas y propuestas se debatan en espacios de diálogo y no mediante bloqueos que afectan a la economía popular. A pesar de estas posiciones, las protestas continúan y no hay señales de que se levanten en el corto plazo.
Este conflicto refleja el creciente distanciamiento entre Morales y Arce, cuyas diferencias se hicieron más visibles a finales de 2021 y se han profundizado en los últimos meses. La pugna por el control del MAS y la sucesión política ha derivado en una crisis interna que amenaza con debilitar al partido de cara a las elecciones de 2025. Mientras tanto, el país enfrenta una situación económica complicada, con una inflación creciente y una falta de acceso a dólares, factores que agravan aún más la tensión social.
Con el conflicto en aumento y las protestas paralizando partes del país, Bolivia atraviesa un momento crítico que requiere una solución urgente para evitar mayores daños a su ya frágil economía.
