Uruguay se convirtió el 2 de septiembre de 2025 en el primer país latinoamericano en suscribir el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial, considerado el primer tratado internacional jurídicamente vinculante en la materia. Su objetivo es garantizar que el desarrollo y uso de la inteligencia artificial (IA) se realice en conformidad con los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.
Contexto y Firma del Convenio
La firma tuvo lugar en la ciudad francesa de Estrasburgo, sede del Consejo de Europa. En representación de Uruguay, el acuerdo fue rubricado por el embajador Enrique Emilio Loedel Soca, quien destacó la importancia de que los países de América Latina tengan voz en los procesos regulatorios globales. El acto contó con la presencia del secretario general adjunto del Consejo de Europa, Bjørn Berge, quien subrayó que el tratado busca establecer un marco común en un terreno tecnológico en rápida expansión.
Con esta adhesión, Uruguay se suma a un selecto grupo de países que ya han asumido compromisos internacionales en torno a la regulación de la IA, y refuerza su papel como referente en la promoción de estándares globales en el ámbito digital.
Objetivos y Alcances del Tratado
El convenio establece un marco normativo integral que abarca todas las fases del ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial, desde el diseño y desarrollo hasta su implementación, monitoreo y eventual desmantelamiento. El texto destaca la necesidad de preservar el principio de neutralidad tecnológica, evitando regulaciones que puedan quedar obsoletas frente al vertiginoso ritmo de la innovación.
El tratado también busca fomentar un equilibrio entre la promoción de la innovación y la prevención de riesgos. Se reconocen los beneficios potenciales de la IA en campos como la salud, la educación o el transporte, pero al mismo tiempo se advierte sobre amenazas como el sesgo algorítmico, la vigilancia masiva o la manipulación de procesos democráticos.
De acuerdo con el Consejo de Europa, uno de los ejes principales del acuerdo es fortalecer la transparencia y la responsabilidad en el desarrollo de sistemas de IA, garantizando mecanismos de supervisión que permitan a los ciudadanos cuestionar o apelar decisiones automatizadas. Para ello, se insta a los estados firmantes a adoptar políticas que faciliten la rendición de cuentas de empresas y organismos públicos que utilicen esta tecnología.
Estados Firmantes y Dimensión Internacional
Hasta el momento, el convenio cuenta con 16 países signatarios, de los cuales 11 son miembros del Consejo de Europa. Además, se han sumado países de fuera de la región, como Canadá, Israel, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea en calidad de bloque. El tratado estuvo abierto a firmas desde mediados de 2024 y, en poco más de un año, ha reunido una participación diversa que refleja la creciente preocupación internacional por establecer reglas claras en torno a la IA.
La adhesión de Uruguay tiene un valor simbólico para América Latina, región que hasta ahora había quedado al margen de las grandes iniciativas regulatorias. Según analistas, este paso puede estimular a otros países latinoamericanos a involucrarse en la discusión global sobre gobernanza tecnológica, en un contexto en el que las naciones buscan equilibrar la competitividad económica con la protección de los derechos fundamentales.
Repercusiones y Panorama Regulatorio Global
La decisión de Uruguay coincide con un escenario internacional en el que la regulación de la inteligencia artificial se encuentra en plena evolución. La Unión Europea avanza en la aplicación de su AI Act, una normativa que introduce obligaciones diferenciadas según el nivel de riesgo de los sistemas y contempla sanciones que pueden llegar a 35 millones de euros o al 7 % de la facturación global en caso de incumplimiento.
En Estados Unidos, en cambio, la ausencia de un marco federal unificado ha llevado a que distintos estados, como Colorado y California, adopten legislaciones propias sobre el uso de algoritmos y protección de datos. Mientras tanto, países como Brasil, Canadá, India y China desarrollan propuestas regulatorias nacionales con enfoques diversos.
En este contexto fragmentado, el convenio del Consejo de Europa se presenta como una herramienta de cooperación multilateral, diseñada para ofrecer principios comunes aplicables a nivel global. No obstante, algunos expertos han señalado que su carácter general y la ausencia de mecanismos coercitivos fuertes podrían limitar su efectividad frente a legislaciones más estrictas como la europea.
Para Uruguay, la adhesión refuerza su estrategia de posicionarse en la vanguardia regulatoria, al tiempo que ofrece una plataforma para colaborar con actores internacionales y acceder a debates donde se definen estándares que impactarán directamente en la economía digital y la innovación tecnológica del futuro.
