Evaluación ambiental y rediseño del proyecto

Inicialmente, la propuesta contemplaba intervenir unas 110 hectáreas de terreno, lo que incluía la tala de bosque nativo. Tras recibir objeciones técnicas y sociales desde zonas vecinas e instituciones ambientales, HIF presentó un rediseño que reduciría la afectación a 33 hectáreas, lo que implica una reducción cercana al 70% en la intervención del monte nativo original. También se estableció una servidumbre ecológica de 260 hectáreas para proteger biodiversidad, situada a más de 600 metros de la costa del río.

De acuerdo con la empresa, el emplazamiento seleccionado cumple con “condiciones favorables para la actividad”, considerando criterios como la proximidad a rutas, a la planta de ALUR para el suministro de CO₂ biogénico, disponibilidad de agua del Río Uruguay, y cercanía al sistema eléctrico nacional.

Uso de agua y efectos técnicos

Uno de los puntos más controvertidos del plan es la captación de agua del Río Uruguay para operar el proceso de electrólisis. El diseño actual prevé extraer hasta 450 litros por segundo, equivalentes a 1,557 metros cúbicos por hora, para abastecer la planta, enfriamientos y sistemas de vapor. La empresa sostiene que esa cantidad corresponde a aproximadamente 0,01 % del caudal promedio del río.

Durante la construcción, también se requerirán intervenciones sobre el canal fluvial y en las riberas para permitir la descarga de módulos de la planta por vía acuática. Estas actividades han generado inquietudes entre vecinos y autoridades locales por posibles alteraciones al hábitat ribereño y cambios en la calidad del agua.

Según el cronograma previsto, la obra demandará cuatro años de trabajo con picos de hasta 3,200 personas, mientras que durante su operación se generarían unos 600 empleos (300 directos y 300 indirectos). La inversión estimada se mantiene en USD 6,000 millones, de los cuales USD 4,000 millones corresponderían a la planta y USD 2,000 millones a parques renovables y líneas de transmisión.

Reacciones locales y reclamos binacionales

En el lado uruguayo, autoridades departamentales han manifestado preocupación por los plazos, condiciones de energía y garantías técnicas que el proyecto debe cumplir. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, ha urgido al gobierno nacional a actuar con diligencia, particularmente en la negociación con UTE para fijar tarifas eléctricas competitivas que permitan la viabilidad económica del proyecto.

En Argentina, especialmente desde la provincia de Entre Ríos y la ciudad fronteriza de Colón, se ha reclamado la relocalización del complejo para reducir impactos visuales y paisajísticos sobre la costa argentina. El intendente de Colón, José Luis Walser, sugirió terrenos alternativos que mantengan accesos y logística sin afectar el frente costero y la actividad turística local.

La ministra uruguaya de Industria, Fernanda Cardona, descartó cambios radicales en la ubicación al señalar: “las distancias no pueden modificarse mucho”, aunque admitió que el proyecto ya fue reformulado para adaptarse a los requerimientos ambientales del nuevo gobierno.

Enfoque estratégico, riesgos y contexto energético

El proyecto HIF Uruguay se inscribe en una estrategia mayor de integración energética y producción de e-combustibles mediante hidrógeno verde. Para alimentar la planta, se proyecta instalar más de 2 GW de capacidad renovable (eólica y solar) conectada mediante líneas de transmisión de aproximadamente 160 kilómetros. Se espera que la planta produzca 150,000 toneladas anuales de e-fuels a partir del hidrógeno y CO₂ biogénico.

HIF también ha asegurado que la futura planta estará acoplada a ALUR, empresa estatal dependiente de ANCAP, mediante un contrato para adquirir 150,000 toneladas de CO₂ biogénico por año como insumo clave.

Por otra parte, críticos del proyecto denuncian que, pese a su presentación como iniciativa sostenible, parte del CO₂ utilizado provendrá en un 95% de quema de biomasa forestal, no de emisiones reutilizadas, lo que contravendría su narrativa ecológica. Además, se ha señalado que el proceso incorpora emisiones de gases y visualización de chimeneas que podrían afectar el turismo y zonas protegidas como el área Islas del Queguay.

El proyecto también ha sido objeto de debate político durante la transición de gobierno entre la administración de Luis Lacalle Pou y la de Yamandú Orsi. Uno de los puntos controvertidos del contrato establece la posibilidad de que el Estado uruguayo pudiera adquirir hasta el 30% del capital de la planta, un aspecto rechazado por el directorio de ANCAP por los riesgos financieros.

Desde el punto de vista regulatorio, el proyecto deberá enfrentar una fase de control público y social reforzada, dado que la clasificación C conlleva transparencia en los estudios técnicos, opciones de mitigación y mecanismo de participación ciudadana.

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Un Proyecto de Gran Envergadura

La propuesta incluye además la construcción de un puerto propio, infraestructura de transporte y sistemas de almacenamiento, lo que ha incrementado la preocupación de sectores medioambientales y comunidades locales. El emplazamiento se encuentra próximo al Archipiélago de Humboldt, reconocido internacionalmente por su biodiversidad marina y terrestre, hábitat de especies como el pingüino de Humboldt y diversas ballenas migratorias.

El proceso de tramitación ha sido extenso y conflictivo: en enero de 2023, el Comité de Ministros resolvió rechazar la iniciativa, señalando deficiencias en la evaluación ambiental y riesgos para ecosistemas sensibles. Sin embargo, la empresa ha sostenido que los estudios presentados cumplen con la normativa vigente y que la evaluación técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) avalaba su viabilidad.

Reveses y Avances Judiciales

El conflicto jurídico en torno a Dominga se intensificó en los últimos años. En diciembre de 2024, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta determinó que la resolución del Comité de Ministros presentaba vicios de procedimiento y la declaró ilegal. En consecuencia, ordenó al Comité emitir una nueva resolución en un plazo de 15 días, abriendo un nuevo capítulo en la larga disputa.

Posteriormente, el Gobierno, a través del SEA, junto con organizaciones medioambientales, recurrieron a la Corte Suprema con recursos de casación en la forma y en el fondo. Estos buscaban invalidar el fallo del Tribunal Ambiental y restituir el rechazo emitido en 2023. No obstante, la Sala de la Suprema —integrada por los ministros Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus y Diego Simpértigue, además de la abogada integrante María Angélica Benavides— resolvió inadmitir dichas acciones.

El máximo tribunal consideró que la sentencia de diciembre de 2024 no constituye una resolución definitiva ni interlocutoria con fuerza de cosa juzgada, sino un pronunciamiento que instruye al Comité de Ministros a repetir el procedimiento. Bajo esta premisa, los recursos de casación carecían de admisibilidad.

El fallo de la Suprema, por tanto, mantuvo vigente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°161/2021, documento clave que había aprobado inicialmente el proyecto Dominga. Esta confirmación representó un giro importante para la compañía, al garantizar un respaldo jurídico que le permite sostener la viabilidad del plan mientras se resuelven otros aspectos administrativos y técnicos.

Reacciones Frente Al Fallo

La decisión generó un amplio abanico de reacciones. Para Andes Iron, el fallo de la Suprema marca un hito en la historia del proyecto. Sus representantes destacaron que la resolución elimina cuestionamientos jurídicos que se arrastraban desde hace más de una década y enfatizaron que Dominga se encuentra alineado con la legislación ambiental vigente en Chile.

Por otro lado, agrupaciones ecologistas como la Alianza Humboldt y la ONG FIMA señalaron que la resolución de la Suprema no implica una aprobación definitiva. Recordaron que todavía existen recursos judiciales pendientes, entre ellos procedimientos en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y en instancias administrativas que deben verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental.

El Ministerio del Medio Ambiente subrayó en un comunicado que la sentencia no representa una decisión de fondo sobre el futuro del proyecto. Reiteró que la competencia para aprobar o rechazar Dominga sigue en manos del Comité de Ministros, que ya se había pronunciado en contra en enero de 2025.

Escenario Futuro y Desafíos Pendientes

A pesar del triunfo judicial, Dominga aún enfrenta un camino complejo. Los permisos sectoriales requeridos para iniciar la construcción —que incluyen autorizaciones marítimas, hídricas y de transporte— todavía no han sido obtenidos en su totalidad. Además, el debate público en torno a la viabilidad socioambiental del proyecto sigue siendo intenso.

La ubicación del puerto proyectado en las cercanías del Archipiélago de Humboldt continúa siendo uno de los principales puntos de fricción. Diversos estudios internacionales han señalado que se trata de uno de los ecosistemas marinos más ricos de la costa del Pacífico sur, lo que incrementa la sensibilidad frente a cualquier actividad industrial en la zona.

El Gobierno, por su parte, mantiene la obligación de asegurar que cualquier resolución futura se ajuste a la legislación y a los compromisos internacionales en materia ambiental. Mientras tanto, la comunidad local y las organizaciones ambientalistas han reiterado que la discusión no se limita al ámbito judicial, sino que también implica el modelo de desarrollo que Chile busca proyectar en el futuro.

El desenlace del proyecto Dominga, por tanto, no solo impactará en el sector minero, sino también en la política ambiental del país, en la confianza de los inversionistas y en el equilibrio entre crecimiento económico y protección de la biodiversidad.

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Estado del Proyecto y Condiciones Actuales

Además de las bicicletas ya listas, se encuentran en proceso de preparación otras 250 unidades, con lo cual el municipio alcanzará un total de 500 bicicletas disponibles. La intención de las autoridades es poner en marcha el servicio de manera gradual, priorizando la zona del Centro Histórico, donde existe mayor flujo de personas y necesidad de movilidad ágil. Con este proyecto, Torreón se suma a la lista de ciudades mexicanas que buscan integrar modelos de transporte sustentable y reducir la dependencia del automóvil particular.

Origen, Propósito y Estrategia de Implementación

El proyecto de bicicletas públicas fue anunciado en julio de 2023 por el alcalde Román Alberto Cepeda González, quien destacó la importancia de diversificar las opciones de movilidad en la ciudad. La donación de 500 bicicletas por parte de Ecobici, empresa que opera un sistema consolidado en la Ciudad de México, representó una oportunidad única para implementar un esquema piloto en Torreón sin necesidad de una inversión inicial elevada por parte del municipio.

El objetivo central es que las bicicletas puedan ser prestadas mediante un sistema de tarifa simbólica, que sirva para el mantenimiento y reposición de unidades en caso de desgaste. La estrategia contempla la instalación de estaciones en puntos estratégicos del Centro Histórico, como plazas públicas, áreas comerciales y espacios recreativos. De esta forma, se busca que los usuarios tengan acceso sencillo a las bicicletas y puedan emplearlas para trayectos cortos, reduciendo así la congestión vehicular en el primer cuadro de la ciudad.

Funcionarios de la Dirección de Movilidad Urbana explicaron que se trabaja de manera coordinada con la Dirección de Medio Ambiente para garantizar que el proyecto no solo sea funcional desde el punto de vista logístico, sino también coherente con los planes ambientales y de sostenibilidad urbana que promueve el municipio.

Infraestructura Ciclista y Cobertura Urbana

El uso de bicicletas públicas está directamente relacionado con la infraestructura disponible para los ciclistas. En Torreón, actualmente existen ciclovías y ciclo-carriles en al menos 26 vialidades, de acuerdo con el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (IMPLAN). No obstante, gran parte de estas rutas se encuentran fragmentadas, lo que dificulta la movilidad continua y segura en bicicleta.

En el Centro Histórico destacan la ciclovía que conecta los bulevares Independencia y Revolución a través de la calzada Colón, así como el tramo habilitado en la avenida Matamoros, entre Colón y la calle Galeana. Otro espacio frecuentado por ciclistas es el Paseo Morelos, que funciona como una vía semipeatonal y que une la Alameda Zaragoza con la Plaza de Armas. Sin embargo, fuera de estas áreas céntricas la cobertura ciclista es limitada, lo que representa un reto para la expansión del sistema.

El éxito del programa dependerá, en buena medida, de la capacidad del municipio para mejorar y ampliar estas rutas, garantizando seguridad a los usuarios. Expertos en movilidad señalan que contar con carriles exclusivos, señalización adecuada y condiciones de pavimento óptimas son aspectos indispensables para que las bicicletas públicas sean vistas como una opción real de transporte cotidiano.

Desafíos y Perspectivas Futuras

Aunque las 150 bicicletas iniciales ya están listas, aún existen desafíos importantes antes de que el sistema pueda ponerse en marcha. Uno de ellos es la definición del modelo de operación: si será administrado directamente por el municipio o si se buscará la colaboración con empresas privadas para la gestión de estaciones, mantenimiento y cobro de tarifas simbólicas. También falta determinar la ubicación final de las estaciones, de modo que se garantice una cobertura equilibrada y accesible para la mayor cantidad de usuarios posible.

Otro reto es la sensibilización ciudadana. Para que el sistema funcione, es necesario que los usuarios adopten una cultura de cuidado y respeto hacia las unidades, evitando su mal uso o deterioro. En ciudades donde ya operan programas similares, el vandalismo y el abandono han sido problemas recurrentes que obligan a redoblar esfuerzos en educación y supervisión.

Por otra parte, la implementación exitosa del sistema de bicicletas públicas abre un horizonte de beneficios sociales y ambientales. Contribuiría a la reducción de emisiones contaminantes, al alivio de la congestión vehicular y a la promoción de estilos de vida más saludables. El proyecto también podría convertirse en un atractivo para visitantes y turistas, al ofrecer una manera diferente de recorrer el Centro Histórico de Torreón.

Las autoridades han reiterado que su intención es que las bicicletas no permanezcan guardadas en bodegas, sino que se conviertan en un recurso activo para los habitantes. Para ello, el compromiso de la ciudadanía y la continuidad del proyecto en futuras administraciones serán determinantes.

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Presencia Detectada en Zonas Sin Registros Previos

El hallazgo incluye comunidades cercanas a ciudades como Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa, además de pueblos indígenas como los kukama. En algunos casos, el insecto fue encontrado a 266 kilómetros de la urbe más próxima, lo que demuestra su capacidad de dispersión en zonas remotas. Esta expansión genera preocupación en las autoridades de salud, debido a la vulnerabilidad de poblaciones que cuentan con recursos sanitarios muy limitados.

En el contexto de América Latina, Perú se suma a otros países que han reportado un avance progresivo del vector hacia zonas rurales y selváticas, un fenómeno que desafía las estrategias tradicionales de control, diseñadas principalmente para entornos urbanos.

Mecanismos de Dispersión y Factores Ambientales

Aunque el Aedes aegypti posee un rango de vuelo limitado, especialistas explican que logra expandirse mediante embarcaciones fluviales. Las hembras adultas viajan en botes que recorren los ríos amazónicos y depositan sus huevos en recipientes de agua en cada desembarque. Esto facilita su colonización en áreas rurales aisladas, donde encuentran condiciones favorables para establecerse.

El almacenamiento de agua en recipientes abiertos, tanques y bidones es una práctica común en estas comunidades, debido a la falta de acceso constante a agua potable. Estos depósitos se convierten en criaderos ideales para la reproducción del mosquito.

El impacto del cambio climático también resulta evidente. Estudios recientes señalan que el vector sobrevive en altitudes de hasta 2.700 metros sobre el nivel del mar, un límite mayor al estimado anteriormente de 2.000 metros, lo que amplía las zonas en riesgo de infestación. Este fenómeno refleja cómo las variaciones de temperatura y humedad influyen directamente en la ecología del insecto y en su capacidad de expansión.

Implicaciones para la Salud en Comunidades Rurales

El avance del Aedes aegypti en territorios amazónicos representa un riesgo sanitario significativo. Muchas comunidades dependen únicamente de puestos de salud básicos, con personal reducido y sin acceso a laboratorios de diagnóstico. En localidades ribereñas o indígenas, llegar a un centro médico puede tomar entre 12 y 18 horas de viaje, lo que complica la atención oportuna de los casos sospechosos de dengue, zika o chikungunya.

La situación es especialmente delicada en pueblos indígenas como los kukama, donde brigadas de salud han iniciado actividades de vigilancia entomológica y educación comunitaria. Sin embargo, los expertos advierten que la expansión del vector podría multiplicar los brotes en zonas que carecen de infraestructura hospitalaria adecuada.

El Ministerio de Salud de Perú ha reconocido la necesidad de ampliar los esfuerzos de control, no solo en la Amazonía sino también en zonas altoandinas donde el mosquito ha comenzado a aparecer. La combinación de clima cambiante, déficit en servicios básicos y dispersión fluvial configura un escenario complejo que exige nuevas estrategias.

Vigilancia y Retos de Control

Frente a este panorama, especialistas proponen el establecimiento de redes de informantes comunitarios, integradas por líderes locales, docentes y autoridades indígenas, que permitan una detección temprana de casos sospechosos y posibles criaderos. Este modelo busca compensar las dificultades logísticas que enfrentan las brigadas de salud para llegar regularmente a las comunidades más alejadas.

El control del vector en la Amazonía se ve limitado por factores como la dispersión geográfica, la dependencia del transporte fluvial y las restricciones presupuestarias. Además, la resistencia del mosquito a algunos insecticidas obliga a replantear las estrategias de fumigación, priorizando acciones sostenibles como la eliminación de criaderos y la promoción de prácticas comunitarias de almacenamiento seguro del agua.

Investigaciones recientes han destacado el papel de los barcos como agentes indirectos de dispersión, al transportar materiales y contenedores que pueden albergar huevos o larvas del mosquito. Esto ha llevado a plantear campañas de control focalizadas en puertos y embarcaderos, puntos clave en la ruta de expansión del Aedes aegypti.

La detección en la Amazonía peruana no solo alerta a nivel nacional, sino que también plantea desafíos regionales para países vecinos como Colombia, Brasil y Ecuador, que comparten ecosistemas fluviales y poblaciones indígenas con características similares.

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Impacto Económico Estimado

Un estudio reciente estima que la Amazonía colombiana ha perdido entre US$254 millones y US$400 millones como consecuencia de la deforestación en la última década. Estas cifras reflejan no solo el costo económico directo de la pérdida de cobertura forestal, sino también los impactos indirectos que afectan a sectores como la agricultura, el agua potable y la regulación climática. 

La investigación destaca que estos montos superan ampliamente los recursos que Colombia destina a programas de conservación y a iniciativas de reforestación. En este contexto, la brecha entre los costos de la degradación ambiental y las inversiones en restauración forestal se hace cada vez más evidente.

Situación Ambiental y Evolución

La Amazonía colombiana concentra una de las mayores biodiversidades del planeta, pero enfrenta una creciente presión por actividades humanas. Según datos oficiales, en 2020 se perdieron más de 109,000 hectáreas de bosque en la región amazónica y en 2021 la cifra ascendió a 112,899 hectáreas. Estas pérdidas representaron el 68.2% de la deforestación total del país en esos años, gran parte de ellas en áreas protegidas como parques nacionales.

El avance de la deforestación no solo afecta a la fauna y flora, sino que también repercute en las comunidades indígenas y campesinas que dependen de los recursos naturales para subsistir. La pérdida de cobertura forestal compromete la seguridad alimentaria, el acceso a agua limpia y las prácticas culturales ligadas al bosque.

La presión sobre los ecosistemas amazónicos se relaciona con la expansión de la frontera agrícola y ganadera, la apertura de caminos ilegales, la minería y la tala no autorizada. Estas actividades han modificado los paisajes de manera acelerada, fragmentando corredores biológicos esenciales para la vida silvestre.

Tendencias Regionales y Comparativas

La problemática en Colombia se inserta en una tendencia más amplia en la región amazónica. Entre 1985 y 2023, la Amazonía en su conjunto perdió más de 88 millones de hectáreas de bosque, una extensión casi equivalente al tamaño de Colombia. El análisis histórico demuestra que los usos del suelo han cambiado drásticamente: la minería aumentó en 1,063%, la agricultura en 598% y la ganadería en 298%.

Estos datos reflejan la magnitud de la presión sobre el bioma amazónico, considerado esencial para la estabilidad climática global. La reducción de bosques tropicales tiene consecuencias que van más allá de los países amazónicos, ya que limita la capacidad del planeta de absorber dióxido de carbono y regula patrones de lluvia que afectan a América Latina y al mundo.

En comparación con Brasil y Perú, donde la deforestación también avanza a gran escala, Colombia ha mostrado en los últimos años una ligera reducción en las cifras, aunque los niveles siguen siendo alarmantes. Expertos advierten que, sin un compromiso sostenido, los avances podrían revertirse rápidamente.

Contexto y Acciones Relevantes

Entre los factores que explican la deforestación destacan la ganadería extensiva, la agricultura ilegal, la minería de oro y actividades vinculadas al narcotráfico. Estas prácticas no solo arrasan con el bosque, sino que generan contaminación de ríos y suelos con mercurio y otros metales pesados, afectando la salud de comunidades locales y ecosistemas acuáticos.

Frente a este panorama, el Gobierno colombiano ha impulsado iniciativas como Visión Amazonía, un programa respaldado por países como Noruega, Alemania y Reino Unido, que busca fortalecer la gobernanza forestal y promover alternativas sostenibles para las comunidades. Este programa incluye monitoreo satelital, incentivos para la conservación y proyectos de producción agroambiental.

Las cifras oficiales muestran que entre 2022 y 2023 la deforestación nacional bajó de 123,517 hectáreas a 79,256 hectáreas, lo que representa una reducción del 36%. En la Amazonía, el descenso fue de 71,185 hectáreas a 44,274 hectáreas, equivalente a un 38% menos. Aunque estas cifras representan un avance, especialistas insisten en que aún persisten retos significativos en la aplicación de la ley y en la protección de territorios indígenas, que son barreras naturales contra la pérdida de bosque.

La cooperación internacional, el fortalecimiento de la justicia ambiental y la inversión en proyectos sostenibles aparecen como ejes fundamentales para frenar el deterioro del bioma amazónico. La experiencia colombiana también se estudia como referencia en foros internacionales, al mostrar cómo políticas integradas pueden reducir la deforestación en plazos relativamente cortos.

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El término refugiados ambientales —también llamados migrantes ambientales por la ONU— describe a las personas obligadas a abandonar su hogar, ya sea de forma temporal o permanente, a causa de fenómenos ambientales adversos que ponen en riesgo su vida, salud o medios de subsistencia. Aunque en muchos casos el desplazamiento se relaciona con el cambio climático, también puede originarse por factores como erupciones volcánicas o erosión, que no siempre están ligados directamente a esta crisis.

El ACNUR ha alertado que cada vez más desplazamientos se vinculan con la crisis climática, evidenciando la necesidad de atender este problema como una prioridad mundial.

Causas de la migración ambiental

De acuerdo con el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana, las principales causas de la migración ambiental están asociadas a transformaciones del entorno natural derivadas del cambio climático. Fenómenos como sequías prolongadas, inundaciones, pérdida de suelos fértiles y el aumento del nivel del mar afectan especialmente a los sectores más vulnerables.

El doctor Raúl Gutiérrez Patiño advierte que estas causas representan una amenaza directa al bienestar humano, al desarrollo económico, a los derechos humanos y a la seguridad de las comunidades más expuestas. Greenpeace, por su parte, insiste en integrar este tema en estrategias nacionales como la actualización de la NDC 3.0, con medidas que prioricen la prevención, la reducción de riesgos y la justicia climática.

La situación en México

México ya enfrenta consecuencias del cambio climático que obligan a comunidades a dejar sus territorios. Sin embargo, el país no cuenta con una política pública integral que reconozca y atienda a los refugiados ambientales. Aunque existen instrumentos legales como la Ley General de Cambio Climático o el Programa Especial de Cambio Climático, ninguno aborda de manera específica el desplazamiento forzado por causas climáticas.

Esta ausencia de reconocimiento legal deja a miles de personas en estado de vulnerabilidad, sin mecanismos claros de protección ni planes de adaptación para reubicar a las comunidades afectadas.

Propuesta de una política pública integral

Greenpeace urge a las autoridades a diseñar una política pública con enfoque de derechos humanos que considere cuatro ejes fundamentales:

• Prevención: anticipar riesgos mediante ordenamiento territorial, gestión ambiental y fortalecimiento comunitario.
• Adaptación: reducir vulnerabilidades y garantizar transiciones dignas con diagnósticos interseccionales, infraestructura adecuada y acompañamiento psicosocial.
• Reubicación planificada: asegurar justicia social, participación comunitaria y condiciones de vida digna para los desplazados.
• Seguimiento post reubicación: integrar a las comunidades reubicadas con atención emocional, apoyo social y monitoreo continuo.

Adoptar esta estrategia no solo protegería a las poblaciones más expuestas, sino que también permitiría posicionar a México como un referente regional y global en justicia climática.

Un llamado a la acción

El desplazamiento climático es una realidad que no puede ignorarse. Actuar hoy significa garantizar que ninguna persona quede atrás frente a la crisis climática. Una respuesta integral basada en justicia, equidad e inclusión es indispensable para asegurar el futuro de las comunidades más vulnerables.

Greenpeace convoca a la sociedad a sumarse a este movimiento y exigir medidas reales para proteger a los refugiados ambientales y frenar la crisis climática.

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Contexto y Firma del Convenio

La firma tuvo lugar en la ciudad francesa de Estrasburgo, sede del Consejo de Europa. En representación de Uruguay, el acuerdo fue rubricado por el embajador Enrique Emilio Loedel Soca, quien destacó la importancia de que los países de América Latina tengan voz en los procesos regulatorios globales. El acto contó con la presencia del secretario general adjunto del Consejo de Europa, Bjørn Berge, quien subrayó que el tratado busca establecer un marco común en un terreno tecnológico en rápida expansión.

Con esta adhesión, Uruguay se suma a un selecto grupo de países que ya han asumido compromisos internacionales en torno a la regulación de la IA, y refuerza su papel como referente en la promoción de estándares globales en el ámbito digital.

Objetivos y Alcances del Tratado

El convenio establece un marco normativo integral que abarca todas las fases del ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial, desde el diseño y desarrollo hasta su implementación, monitoreo y eventual desmantelamiento. El texto destaca la necesidad de preservar el principio de neutralidad tecnológica, evitando regulaciones que puedan quedar obsoletas frente al vertiginoso ritmo de la innovación.

El tratado también busca fomentar un equilibrio entre la promoción de la innovación y la prevención de riesgos. Se reconocen los beneficios potenciales de la IA en campos como la salud, la educación o el transporte, pero al mismo tiempo se advierte sobre amenazas como el sesgo algorítmico, la vigilancia masiva o la manipulación de procesos democráticos.

De acuerdo con el Consejo de Europa, uno de los ejes principales del acuerdo es fortalecer la transparencia y la responsabilidad en el desarrollo de sistemas de IA, garantizando mecanismos de supervisión que permitan a los ciudadanos cuestionar o apelar decisiones automatizadas. Para ello, se insta a los estados firmantes a adoptar políticas que faciliten la rendición de cuentas de empresas y organismos públicos que utilicen esta tecnología.

Estados Firmantes y Dimensión Internacional

Hasta el momento, el convenio cuenta con 16 países signatarios, de los cuales 11 son miembros del Consejo de Europa. Además, se han sumado países de fuera de la región, como Canadá, Israel, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea en calidad de bloque. El tratado estuvo abierto a firmas desde mediados de 2024 y, en poco más de un año, ha reunido una participación diversa que refleja la creciente preocupación internacional por establecer reglas claras en torno a la IA.

La adhesión de Uruguay tiene un valor simbólico para América Latina, región que hasta ahora había quedado al margen de las grandes iniciativas regulatorias. Según analistas, este paso puede estimular a otros países latinoamericanos a involucrarse en la discusión global sobre gobernanza tecnológica, en un contexto en el que las naciones buscan equilibrar la competitividad económica con la protección de los derechos fundamentales.

Repercusiones y Panorama Regulatorio Global

La decisión de Uruguay coincide con un escenario internacional en el que la regulación de la inteligencia artificial se encuentra en plena evolución. La Unión Europea avanza en la aplicación de su AI Act, una normativa que introduce obligaciones diferenciadas según el nivel de riesgo de los sistemas y contempla sanciones que pueden llegar a 35 millones de euros o al 7 % de la facturación global en caso de incumplimiento.

En Estados Unidos, en cambio, la ausencia de un marco federal unificado ha llevado a que distintos estados, como Colorado y California, adopten legislaciones propias sobre el uso de algoritmos y protección de datos. Mientras tanto, países como Brasil, Canadá, India y China desarrollan propuestas regulatorias nacionales con enfoques diversos.

En este contexto fragmentado, el convenio del Consejo de Europa se presenta como una herramienta de cooperación multilateral, diseñada para ofrecer principios comunes aplicables a nivel global. No obstante, algunos expertos han señalado que su carácter general y la ausencia de mecanismos coercitivos fuertes podrían limitar su efectividad frente a legislaciones más estrictas como la europea.

Para Uruguay, la adhesión refuerza su estrategia de posicionarse en la vanguardia regulatoria, al tiempo que ofrece una plataforma para colaborar con actores internacionales y acceder a debates donde se definen estándares que impactarán directamente en la economía digital y la innovación tecnológica del futuro.

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La región Amazonas cuenta con nuevos mapas regionales de ecosistemas y de áreas degradadas en espacios terrestres. Estos instrumentos fueron elaborados con apoyo técnico y financiero del Ministerio del Ambiente, a través del Proyecto Cadenas de Valor Libres de Deforestación en la Amazonía Peruana (Folur). Su finalidad es orientar estrategias integrales que combinen el ordenamiento territorial con la recuperación y conservación de los ecosistemas.

Trabajo intergubernamental y objetivos

El equipo del Ministerio del Ambiente trabajó en coordinación con la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Amazonas. La cooperación entre los niveles nacional y regional busca enfrentar de manera conjunta los retos ambientales y económicos, promoviendo un modelo de desarrollo que equilibre la conservación con las actividades productivas y que genere bienestar social.

Base técnica para decisiones y planificación

Los documentos técnicos ofrecen información actualizada para la toma de decisiones. Permiten conocer el lugar, origen, características e intensidad de la degradación, lo que facilita priorizar acciones de recuperación, asignar recursos de forma eficiente y monitorear avances en la gestión del patrimonio natural. Con ello, Amazonas avanza hacia una gestión territorial más precisa y alineada con la sostenibilidad.

Mapa Regional de Ecosistemas

Este mapa identifica la ubicación, extensión y características de cada espacio natural de la región. La información es clave para planificar el uso adecuado del territorio, definir zonas de conservación y promover actividades productivas sostenibles, fortaleciendo así la resiliencia de los ecosistemas.

Mapa de Áreas Degradadas de Ecosistemas Terrestres

Este insumo muestra las zonas donde los territorios naturales han perdido su capacidad debido a procesos como deforestación, sobrepastoreo, incendios forestales y prácticas agrícolas inadecuadas. Los datos permitirán dinamizar y priorizar acciones de recuperación ambiental, mejorar la focalización del presupuesto y dar seguimiento a los resultados en el tiempo.

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El presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, Carlos Baigorri, afirmó que el regulador brasileño promoverá una relación sostenible entre el sector y el medio ambiente. Señaló la necesidad de proteger el bioma amazónico y destacó el proyecto Sello Climático ESG como instrumento para orientar prácticas responsables.

Pre COP 30 como antesala de acuerdos climáticos

Baigorri abrió el seminario Pre COP 30, realizado esta semana como preparación de la 30 Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático que se llevará a cabo en Belén en noviembre. El encuentro sirvió para alinear al ecosistema de telecomunicaciones con las metas climáticas que se discutirán en la cumbre.

Regulación con criterios ESG en licitaciones

Alexandre Freire, asesor de Anatel y presidente del Centro de Estudios Avanzados en Comunicaciones Digitales e Innovaciones Tecnológicas, consideró relevante el avance de Brasil con medidas regulatorias progresivas, entre ellas la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en procesos de licitación.

Inversión sostenible y competitividad

Freire indicó que invertir en tecnologías y prácticas sostenibles contribuye a la mitigación de impactos, mejora la reputación corporativa y eleva la competitividad global de las empresas del sector. Estos efectos refuerzan la adopción de estándares ESG en toda la cadena de valor.

Telecom como palanca para la descarbonización

Anatel destacó que el encuentro permitió revisar el papel estratégico de las telecomunicaciones en la reducción de emisiones, la digitalización eficiente de procesos y el impulso de ecosistemas inteligentes y sostenibles. La conectividad y la innovación se presentan como habilitadores de productividad con menor huella ambiental.

Alianza con el BID y próximos pasos

La asociación de Anatel con el Banco Interamericano de Desarrollo facilitará diagnósticos, evaluaciones comparativas y el desarrollo de un marco regulatorio alineado con buenas prácticas internacionales. Este trabajo busca consolidar una agenda sectorial que combine expansión de la conectividad con sostenibilidad y protección del bioma amazónico.

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Se ha establecido un Plan A, con 50 sitios de estudio, y un Plan B de menor extensión, ajustable durante la expedición. La misión incluye el análisis de los seis cañones submarinos de Uruguay, con el objetivo de documentar tanto sus estructuras geológicas como su fauna. Los investigadores señalaron que este relevamiento servirá como base para futuros proyectos de conservación y manejo de áreas marinas protegidas.

El buque cuenta con laboratorios de última generación, robots submarinos y sistemas de cámaras de alta resolución capaces de transmitir imágenes en directo desde el fondo marino. Estos instrumentos permitirán explorar hábitats que hasta ahora permanecían desconocidos para la ciencia regional.

Objetivos Científicos y Áreas de Estudio

El propósito central de esta misión radica en generar información científica a largo plazo para la comunidad académica nacional, según explicó la doctora en Geología Marina Leticia Burone, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, quien calificó el proyecto como un “hito para el país”.

Los estudios incluirán el registro de montículos de coral, la investigación de ecosistemas quimiosintéticos asociados a escapes de fluidos en zonas sin luz solar, y el trabajo con especialistas en ecología marina, arqueología submarina, mapeo de aguas profundas y geofísica marina. La colaboración internacional permitirá comparar datos con investigaciones similares en otras regiones del Atlántico Sur, fortaleciendo la proyección científica de Uruguay en el ámbito oceánico.

La expedición también busca identificar posibles especies nuevas para la ciencia. En anteriores misiones del Falkor en otras latitudes, se descubrieron invertebrados desconocidos, lo que alimenta expectativas sobre hallazgos significativos en aguas uruguayas.

Contexto Oceanográfico y Transmisión Pública

La realidad oceanográfica de Uruguay contrasta con la de Argentina. En el país vecino, las aguas están influenciadas por corrientes frías antárticas, mientras que frente a la costa uruguaya confluyen corrientes cálidas originadas en Brasil. Esta convergencia resulta en variaciones físicas y químicas que afectan la biodiversidad marina en la región. Comprender estas dinámicas es clave para anticipar los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas del Atlántico Sur.

Fabrizio Scarabino, otro de los investigadores, destacó el potencial de este proyecto para fortalecer la conciencia marítima de Uruguay, dado que su soberanía en alta mar supera a su territorio terrestre. Señaló la importancia de difundir estas temáticas en la cultura nacional, especialmente en las escuelas y liceos, y mencionó la expectativa de que esta expedición, al igual que la reciente realizada en el Cañón de Mar del Plata, sea seguida a través de transmisiones en línea. Estas emisiones en directo permitirán a estudiantes, docentes y público en general observar por primera vez imágenes del fondo marino uruguayo.

La expedición se enmarca en un proceso más amplio de cooperación internacional, que busca situar a Uruguay dentro de los programas de investigación oceánica global. El acceso a tecnología avanzada y la integración en redes científicas internacionales refuerzan el papel del país en la protección y el estudio de los océanos.

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