Organizaciones civiles e indígenas exigen la cancelación del proyecto ante un juicio de amparo que expone graves impactos ambientales y sociales en la Península de Yucatán.
Las afectaciones del Tren Maya no terminarán con su construcción. Por el contrario, podrían extenderse hasta el año 2050, según peritajes presentados como parte de un juicio de amparo interpuesto por comunidades indígenas, pueblos originarios y organizaciones civiles de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La evidencia expone violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano y advierte que las medidas de mitigación actuales son “ineficaces o inaplicables”.
El amparo, radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Mérida, denuncia la falta de una evaluación integral del impacto ambiental del megaproyecto. Los especialistas concluyen que el Tren Maya no fue sometido al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), como exige la ley, y que en su lugar se entregaron Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) por tramos y en momentos distintos, sin articulación entre ellas, y cuando las obras ya habían iniciado.
“El haber evaluado el proyecto por partes impidió identificar los efectos acumulativos y aplicar medidas de restauración realmente eficaces”, señala el dictamen técnico.
Evidencia Contundente, Pero Con Trabas Judiciales
Los peritajes fueron elaborados por un equipo interdisciplinario con experiencia en impacto ambiental, restauración ecológica, biogeografía y biología de la conservación. Las proyecciones modelan escenarios para 2030 y 2050, y revelan consecuencias como pérdida de biodiversidad, presión sobre áreas protegidas como Calakmul y Sian Ka’an, y un fuerte impulso al cambio de uso de suelo para actividades agrícolas, pecuarias y urbanas.
A pesar de la solidez de la información presentada, las organizaciones firmantes denuncian que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ha retrasado deliberadamente el cierre del juicio mediante prórrogas infundadas, lo que, según sostienen, vulnera el derecho a una justicia pronta y expedita. Temen que esta dilación responda a intereses políticos ligados al proceso electoral y a una posible reestructuración del juzgado.
La audiencia constitucional ha sido fijada para el 4 de junio. Ese día, el Poder Judicial Federal deberá resolver si protege los derechos ambientales, sociales y territoriales de los pueblos de la Península o si cede ante los intereses económicos que respaldan al megaproyecto.
Un Modelo de Desarrollo Insostenible Y Sus Impactos a 2050
Las proyecciones de los peritajes advierten lo siguiente:
- Una pérdida del 20% de la cobertura natural en la región, lo que equivale a más de 2 millones de hectáreas, unas 13.7 veces el tamaño de la Ciudad de México.
- Fragmentación de ecosistemas, pérdida de conectividad biológica y presión sobre áreas naturales protegidas.
- Afectaciones directas a especies en riesgo como el jaguar, el tapir y el pecarí.
- Disminución en funciones ecológicas clave como la polinización, el control de plagas y la captura de carbono.
- Reducción en la capacidad de captura de carbono del 72% al 53% del territorio.
- Expansión desordenada de zonas urbanas, agrícolas y pecuarias:
- La agricultura crecerá 64%, sumando 1 millón de hectáreas (20 veces Cozumel).
- La ganadería aumentará 37%, con casi un millón de hectáreas más (2.4 veces Tlaxcala).
- La cobertura urbana crecerá un 24%, lo equivalente a 101 mil veces el tamaño de un campo de fútbol profesional.
- La agricultura crecerá 64%, sumando 1 millón de hectáreas (20 veces Cozumel).
- Aumento en la presión sobre recursos naturales clave como el agua, la energía y los alimentos.
Organizaciones Exigen Cancelación Definitiva
Colectivos como CartoCrítica, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), Kanan Derechos Humanos, CRIPX, SOS Cenotes y Terravida, entre otros, exigen que el Juzgado otorgue el amparo para frenar la devastación ambiental y restaurar los daños ya ocasionados.
“Hacemos un llamado urgente al Poder Judicial a fallar con base en las pruebas. Esta decisión marcará un precedente histórico sobre el papel de los tribunales frente a megaproyectos con impactos profundos y duraderos”, advirtieron en un comunicado.
