América Latina y el Caribe enfrentan una alarmante crisis de violencia contra los defensores del medio ambiente, según datos revelados por el Foro de la Tierra LAC 2024. En un informe reciente, se destacó que el 88% de los asesinatos de activistas ambientales en todo el mundo durante 2022 ocurrieron en esta región, siendo Brasil, Colombia, México y Honduras los países más afectados.
La escalada de violencia coincide con un aumento sin precedentes en las grandes transacciones de tierras en la región. Según los datos de Land Matrix América Latina y el Caribe, actualmente hay 1.405 casos de transacciones de tierras a gran escala que abarcan 51,5 millones de hectáreas, lo que representa el nivel más alto registrado en la historia. Esta expansión territorial, en muchos casos, se lleva a cabo sin consulta previa a las comunidades locales, lo que socava aún más los derechos territoriales de grupos indígenas, afrodescendientes y campesinos.
Martín Simón, coordinador de Land Matrix, ha enfatizado la importancia de establecer vínculos entre las comunidades y la tierra para preservar los bosques. Simón señaló que en la mayoría de los casos de explotación extractiva, la naturaleza se destruye, lo que subraya la urgencia de proteger los derechos territoriales de las comunidades afectadas.
Colombia emerge como uno de los puntos críticos de esta crisis. Según Global Witness, en 2022, Colombia fue el país más mortal para los defensores de la tierra, con 60 muertes reportadas. Este número casi duplica el total de asesinatos registrados en 2021. Desde 2012, al menos 382 defensores ambientales han sido asesinados en Colombia, según datos recopilados hasta septiembre de 2023. Esta cifra posiciona a Colombia como el país con el mayor número de asesinatos de defensores del medio ambiente en el mundo.
El informe de Global Witness también revela que otros países latinoamericanos sufren graves tasas de ataques mortales contra defensores del medio ambiente. Brasil registró 34 asesinatos en 2022, seguido por México con 31 y Honduras con 14. Además, en Filipinas, 11 personas defensoras del medio ambiente perdieron la vida en el mismo período.
La situación plantea un desafío significativo para los gobiernos y las organizaciones internacionales que buscan abordar la crisis climática y proteger la biodiversidad. Si bien se han ratificado acuerdos regionales para proteger a los defensores del medio ambiente, como el acuerdo firmado por Colombia en octubre de 2022, la implementación efectiva de estas medidas sigue siendo un desafío.
Los defensores del medio ambiente en América Latina y el Caribe continúan enfrentando amenazas, intimidación y violencia mientras luchan por proteger sus tierras y comunidades. La comunidad internacional, los gobiernos locales y las empresas extractivas tienen la responsabilidad de garantizar que se respeten los derechos de estas personas y se detenga la violencia que amenaza su vida y su trabajo crucial en la protección del medio ambiente.
