América Latina, rica en biodiversidad pero también en recursos naturales, se encuentra en una lucha constante contra los delitos ambientales, que se han convertido en una de las actividades ilícitas más lucrativas del mundo. Según datos de Interpol, estos delitos generan entre 110 mil y 281 mil millones de dólares en ingresos ilícitos anuales a nivel global, con la deforestación ilegal, la minería, la pesca y el comercio de especies silvestres entre las formas más comunes de perpetrarlos.
En medio de este panorama desafiante, algunos países de la región han dado pasos significativos para frenar esta ola de crímenes contra la naturaleza. Francia y Bélgica, por ejemplo, han establecido marcos jurídicos sólidos, mientras que en América Latina, países como Venezuela, Brasil, Bolivia y Ecuador han promulgado leyes y políticas medioambientales pioneras en la última década.
A pesar de estos avances, la aplicación efectiva de estas leyes sigue siendo un desafío. La corrupción, la falta de recursos y la resistencia del sector empresarial son solo algunas de las barreras que enfrentan los países latinoamericanos en su lucha contra los delitos ambientales. En naciones como Bolivia, México y Honduras, los sobornos a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley son frecuentes, lo que dificulta aún más el proceso de aplicación de las regulaciones ambientales.
Uruguay y Chile son dos ejemplos recientes de países que están intensificando sus esfuerzos para combatir los delitos ambientales. En Uruguay, el Senado nacional aprobó un proyecto de ley para incorporar estos delitos en su Código Penal, mientras que Chile aprobó una reforma de su Código Penal que tipifica por primera vez el delito medioambiental, con multas severas para los infractores.
Colombia también ha dado pasos importantes al aprobar una Ley de Delitos Ambientales en 2021, que tipifica la deforestación y otros cinco delitos ambientales, además de aplicar sanciones más estrictas. Perú, México y Brasil también están debatiendo o implementando cambios en su legislación para combatir estos delitos.
Sin embargo, Argentina se encuentra rezagada en este aspecto, ya que no cuenta con legislación específica sobre delitos ambientales en el ámbito penal. A pesar de los altos niveles de deforestación en el país, el Código Penal argentino, sancionado en 1921, no aborda directamente el daño a los ecosistemas.
A pesar de los avances legislativos, la región enfrenta desafíos significativos en la aplicación efectiva de las leyes ambientales. La magnitud de los problemas que deben abordarse, junto con la resistencia del sector empresarial, sugiere que el camino hacia la protección ambiental en América Latina será largo y difícil. Sin embargo, con la voluntad política y el compromiso de la sociedad civil, la región puede avanzar hacia un futuro más sostenible y seguro para el medioambiente.
