La Unión Europea ha intensificado sus esfuerzos en materia de sostenibilidad a través de regulaciones que imponen a las empresas europeas la responsabilidad de supervisar no solo sus operaciones directas, sino también las cadenas de suministro que se extienden más allá de sus fronteras. Este enfoque, evidenciado por la Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad, adoptada en abril, busca mitigar el impacto ambiental y social en toda la cadena de producción.
Este movimiento regulatorio surge como respuesta a lo que se percibe como una falla del sector privado en Europa para auto-regularse adecuadamente en cuestiones de sostenibilidad. Sin embargo, estas medidas plantean desafíos significativos para América Latina, donde los marcos legales y las realidades socioeconómicas difieren marcadamente de los europeos. La implementación de estas regulaciones sin adaptaciones locales puede llevar a cumplimientos que no necesariamente benefician al contexto latinoamericano.
Un ejemplo palpable de la influencia de estas regulaciones se verá a finales de 2024, cuando entre en vigor una directiva que afectará la exportación de productos como el aceite de palma, cacao, café, caucho, ganado, madera y soja desde Latinoamérica hacia Europa. Todos estos productos deberán demostrar que su producción no contribuyó a la deforestación, una medida que ha generado disconformidad en países como Brasil, que bajo la administración de Lula da Silva, critica estas políticas como contrarias al libre comercio.
En este contexto, expertos en desarrollo sostenible en América Latina destacan la importancia de reconfigurar las estrategias de sostenibilidad para reflejar las realidades locales. Se sugiere que, en lugar de simplemente adoptar una perspectiva europea, América Latina debería desarrollar regulaciones propias que favorezcan la protección de sus recursos naturales y capital humano sin comprometer su desarrollo socioeconómico.
Además, se observa un histórico rezago colonial en la forma en que se ha tratado a América Latina como un lugar de extracción y descarte. Hoy día, existe una necesidad crítica de que los países de la región no solo adopten una postura más unificada frente a las regulaciones internacionales, sino que también exploren maneras de implementar prácticas de sostenibilidad que sean genuinamente beneficiosas para sus propias circunstancias.
Un enfoque sugerido es el de fortalecer las alianzas estratégicas entre los países de América Latina para tener una voz más fuerte en la escena global y no sucumbir a las presiones externas que no consideran la diversidad y especificidades regionales. Asimismo, es crucial potenciar la sociedad civil, que ha jugado un papel determinante en la defensa del ambiente y la regulación efectiva en la región.
La propuesta también incluye replantear el concepto de circularidad y sostenibilidad para que estas no se limiten a ser meras transferencias de prácticas europeas, sino que se adapten para incluir condiciones laborales justas, capacitación y una infraestructura que favorezca la innovación local.
Finalmente, se insta a los consumidores a considerar el consumo como un acto político y a ejercer un papel activo en el monitoreo de las regulaciones y prácticas corporativas, no solo en respuesta a las regulaciones, sino como parte de un esfuerzo proactivo para forjar un futuro más sostenible y justo para América Latina.
Mientras Europa sigue adelante con sus políticas de sostenibilidad, América Latina se enfrenta al desafío y a la oportunidad de definir su propio camino hacia el desarrollo sostenible, uno que respete y promueva sus realidades únicas y contribuya genuinamente al bienestar de sus pueblos y ecosistemas.
