Estados Unidos registró en enero de 2024 su cifra más alta de personas sin hogar desde que existen registros oficiales, con más de 770.000 individuos sin vivienda estable según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Este dato supone un 18% de incremento respecto a 2023, año en el que ya se había producido un aumento del 12% con relación al periodo anterior. En términos concretos, 23 de cada 10.000 residentes carecían de techo durante el recuento anual. El informe subraya que este crecimiento se dio en todos los grupos demográficos, lo que refleja la magnitud nacional de la crisis.
Familias Entre Las Más Afectadas
El incremento fue especialmente marcado en familias con niños, con un aumento aproximado del 40% en solo un año. Casi 150.000 menores fueron contabilizados como sin hogar en la noche del conteo oficial. Las comunidades que recibieron un elevado número de migrantes recientes registraron los mayores aumentos, en algunos casos duplicando la cifra de familias sin vivienda, frente al 8% observado en otras zonas. Familias procedentes de Venezuela, Ecuador y otros países latinoamericanos se han sumado a la población sin techo en ciudades como Los Ángeles, donde la falta de permisos de trabajo y la escasez de alquileres asequibles las obliga a vivir en tiendas de campaña o campamentos improvisados.
Factores Estructurales de la Crisis
Organizaciones especializadas señalan causas estructurales profundas detrás del incremento sostenido. La escasez de viviendas de alquiler asequibles es uno de los factores clave, con un déficit estimado de 7,1 millones de unidades para inquilinos con ingresos extremadamente bajos. Esto se traduce en apenas 35 viviendas asequibles por cada 100 hogares que las necesitan. La brecha entre salarios y alquileres se ha ampliado de forma significativa, llevando a que numerosos trabajadores destinen mucho más del 30% de sus ingresos a vivienda, límite que Naciones Unidas considera como indicador de falta de asequibilidad. Según la National Low Income Housing Coalition, un trabajador con salario mínimo necesita laborar unas 104 horas semanales para poder pagar un apartamento de un dormitorio a precio de mercado.
A esta situación se suman otros factores como el acceso limitado a servicios de salud y asistencia social. Estados Unidos carece de un sistema de salud pública universal y, según encuestas, tres de cada cuatro adultos temen no poder afrontar gastos médicos imprevistos. La desigualdad racial y la exclusión histórica también influyen: afroamericanos e hispanos están sobrerrepresentados entre la población sin hogar debido a barreras sistémicas que dificultan el acceso a recursos y oportunidades.
Reducción Entre Veteranos
Un aspecto positivo es la reducción en el número de veteranos sin hogar, que cayó en torno al 8% en 2024, hasta situarse en 32.882 personas. Este descenso se atribuye a programas federales enfocados en proporcionar vivienda permanente y apoyo integral a exmilitares. El caso de los veteranos demuestra que, con financiación suficiente y políticas basadas en evidencias, es posible revertir la falta de vivienda en colectivos específicos. Las autoridades y organizaciones coinciden en que este enfoque podría replicarse para otros grupos vulnerables si se destinan recursos adecuados.
Políticas Recientes y Controversia
La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en julio de 2025 ha generado amplias críticas por parte de defensores de derechos civiles y expertos en vivienda. La medida facilita el arresto o traslado forzoso de personas que viven en las calles y prioriza las subvenciones federales para ciudades y estados que penalicen el consumo abierto de drogas, el acampado en zonas urbanas y el merodeo. También instruye a recopilar datos sobre personas sin hogar y con problemas de salud mental, lo que ha despertado preocupación sobre posibles vulneraciones de privacidad y un aumento en la criminalización. Organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles advierten que castigar la falta de vivienda no resuelve el problema y podría empeorar la situación. Expertos subrayan que medidas centradas en sanciones ignoran las causas profundas como la falta de vivienda asequible, los bajos salarios y la insuficiente red de servicios sociales.
