El gobierno italiano reformó de manera significativa los criterios para el reconocimiento de la ciudadanía a descendientes de italianos en el extranjero. La medida, impulsada por el Consejo de Ministros y encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, introduce limitaciones que impactarán sobre todo a América Latina, donde millones de personas tienen ascendencia italiana.
Cambios en El Criterio de Elegibilidad
Hasta ahora, cualquier persona con un vínculo documentado con un antepasado italiano nacido después de 1861 podía aspirar a obtener la ciudadanía, sin importar cuántas generaciones hubieran pasado. Con la nueva normativa, solo quienes tengan un padre, madre, abuelo o abuela nacidos en Italia y que residan en el extranjero podrán solicitarla.
Esto implica un corte generacional que excluye a millones de descendientes más lejanos. La decisión fue justificada por el gobierno como una medida para “evitar abusos”, limitar negocios en torno al pasaporte italiano y garantizar que los nuevos ciudadanos mantengan un vínculo real con el país. Tajani declaró que “la ciudadanía debe ser algo serio” y que no puede convertirse en un trámite automático para personas sin conexión efectiva con Italia.
La nueva legislación no afectará a quienes ya poseen la ciudadanía ni a quienes iniciaron el trámite antes del 27 de marzo de 2025. Sin embargo, se estima que más de 60.000 solicitudes están actualmente en proceso, muchas de ellas en consulados latinoamericanos, donde se ha registrado una explosión de demandas en los últimos años.
Solo en 2024, 30.000 argentinos, 20.000 brasileños y 8.000 venezolanos recibieron la ciudadanía italiana. En Argentina, el número creció un 50 por ciento en un solo año. Desde 2014, el total de italianos registrados como residentes en el exterior aumentó de 4,6 a 6,4 millones.
Nuevas Exigencias Para Mantener El Vínculo Con Italia
El decreto aprobado es solo la primera fase de una reforma más amplia. El gobierno prepara dos proyectos de ley adicionales que serán enviados al Parlamento y que buscan endurecer los requisitos para conservar la ciudadanía obtenida por descendencia.
Entre las condiciones propuestas, se exigirá que los ciudadanos italianos residentes en el exterior ejerzan algún derecho o deber cívico al menos una vez cada 25 años. Esto incluye votar en elecciones, renovar documentos como pasaportes o cédulas de identidad, o pagar impuestos en caso de estar obligados.
Además, quienes nazcan fuera de Italia deberán inscribir su partida de nacimiento antes de los 25 años para mantener el derecho a la ciudadanía. Si no cumplen con ese trámite, perderán la posibilidad de ser reconocidos como ciudadanos italianos. Por otro lado, los hijos de personas que ya hayan sido reconocidas como ciudadanos italianos podrán acceder a la ciudadanía automáticamente solo si nacen en Italia o si uno de sus padres ha residido de manera continua en el país al menos dos años antes de su nacimiento. En caso contrario, deberán vivir al menos dos años en Italia para acceder a la nacionalidad.
Estas medidas buscan limitar la expansión de la ciudadanía automática por herencia y fomentar una relación activa y continua con el país.
Reestructuración Del Sistema Y Reacción Internacional
Uno de los principales anuncios del gobierno fue que los consulados dejarán de ser los encargados de procesar las solicitudes de ciudadanía. En su lugar, se creará una oficina especializada en Roma, que comenzará a operar dentro de un año. La intención es aliviar la carga de los consulados y acelerar los trámites administrativos.
La decisión se produce en un contexto de presión creciente sobre las oficinas consulares y judiciales italianas. El Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que muchos solicitantes se trasladan a Italia para agilizar sus expedientes, lo que ha generado cuellos de botella, irregularidades y, en algunos casos, fraudes. La reforma, según el gobierno, permitirá liberar recursos y centrar los servicios consulares en ciudadanos que tienen un vínculo concreto con el país.
En América Latina, la medida ha causado preocupación en comunidades con fuerte herencia italiana. Organizaciones de descendientes de inmigrantes señalan que la reforma excluye a millones de personas que, aunque alejadas por generaciones, conservan la lengua, la cultura y el deseo de reconectar con Italia. También se teme que la nueva normativa complique aún más el acceso a la ciudadanía para personas que ya enfrentaban largos procesos burocráticos.
Según estimaciones del gobierno, entre 60 y 80 millones de personas en el mundo podrían ser potenciales solicitantes de ciudadanía por descendencia. Con las nuevas reglas, esa cifra se reducirá drásticamente, y se espera que Italia se alinee con los criterios restrictivos de otros países europeos.
Aunque la implementación completa de las reformas tomará tiempo, el nuevo enfoque ya marca un giro en la política de ciudadanía de Italia, con efectos duraderos para millones de latinoamericanos que buscaban reconectar legalmente con sus raíces.
