Dinamarca, tradicionalmente vista como un país liberal, ha sorprendido al convertirse en uno de los referentes más estrictos en política migratoria dentro de Europa. Y lo más llamativo: esta transformación no ha sido impulsada por la derecha radical, sino por el gobierno socialdemócrata encabezado por Mette Frederiksen, en el poder desde 2019.
A diferencia de muchos países europeos donde los discursos antimigración provienen de sectores conservadores, en Dinamarca fue el centroizquierda quien adoptó medidas que antes se asociaban con la extrema derecha. El objetivo declarado: preservar la cohesión social y la sostenibilidad del modelo de bienestar danés, amenazado, según el oficialismo, por los efectos no controlados de la inmigración masiva.
Las políticas impulsadas incluyen la externalización del asilo, el endurecimiento del reagrupamiento familiar, la temporalidad de la protección de refugiados y la creación de lo que las autoridades llaman intencionadamente un “entorno hostil”. La línea roja tradicional entre derecha e izquierda parece haberse desdibujado.
De Símbolo de Apertura a Modelo Restrictivo
Durante décadas, Dinamarca fue considerada un país tolerante y abierto. Pero eso cambió drásticamente a raíz de la crisis migratoria de 2015, cuando más de un millón de personas llegaron a Europa. Dinamarca, junto con Alemania y Suecia, fue uno de los destinos preferidos.
Desde entonces, el porcentaje de residentes inmigrantes o hijos de inmigrantes ha crecido exponencialmente, lo que generó tensiones sociales y políticas. En 2021, el gobierno danés aprobó una ley que permite procesar solicitudes de asilo fuera de Europa, con países como Ruanda como potenciales receptores. Aunque este plan ha enfrentado obstáculos, sirvió como señal inequívoca de la nueva dirección política.
También se han implementado leyes que permiten al Estado demoler o vender viviendas en zonas donde al menos el 50 % de los habitantes son de origen no occidental, bajo el argumento de combatir las “sociedades paralelas”. Críticos como Michelle Pace de Chatham House advierten que estas políticas alienan a ciudadanos de origen migrante y son contrarias al derecho internacional.
¿Éxito O Retroceso? Las Voces Enfrentadas
El número de solicitudes de asilo en Dinamarca ha caído a niveles mínimos, los más bajos en 40 años, según immigration.dk, lo que para el gobierno es un éxito. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y académicos denuncian que esto se ha logrado a costa de restringir derechos fundamentales.
Sarah Wolff, profesora de política global, advierte que Dinamarca está marcando una tendencia peligrosa en Europa: reinterpretar los tratados internacionales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, para justificar políticas de expulsión más duras.
En paralelo, la postura danesa ha influido en otros gobiernos. En Alemania, Olaf Scholz ha prometido endurecer el derecho de asilo. Incluso en el Reino Unido, el laborista Keir Starmer ha usado una retórica sobre la inmigración que antes solo se asociaba a partidos conservadores.
El Contraste Español: La Migración Como Motor Económico
Mientras Dinamarca busca frenar la inmigración, España toma el camino contrario. El presidente socialista Pedro Sánchez ha propuesto regularizar a casi un millón de inmigrantes sin papeles que ya trabajan en el país. Su argumento: combatir el envejecimiento poblacional y sostener el crecimiento económico.
Con un PIB que creció un 3.2% en 2024, el más alto entre las economías desarrolladas, el gobierno español busca transformar la inmigración en una herramienta demográfica y productiva. Aunque las encuestas revelan que el 57% de los españoles cree que ya hay demasiados inmigrantes, el partido populista Vox no ha logrado capitalizar del todo esa percepción.
España promueve un “diálogo nacional” sobre inmigración, con participación de empresas y ONG, para evitar los errores de otros países europeos y planificar mejor la integración. Aun así, el éxito de este enfoque está por verse.
