Rebaja Histórica y Motivos Principales
El 25 de junio de 2025, Standard & Poor’s Global Ratings degradó la calificación soberana de largo plazo de Bolivia, tanto en moneda extranjera como local, desde CCC+ a CCC‑, con perspectiva negativa. Esta doble rebaja profundiza su condición dentro del rango especulativo y refleja la creciente preocupación sobre la capacidad del país de cumplir con sus obligaciones financieras durante los próximos 6 a 12 meses.
Según S&P, el deterioro continuo de las cuentas externas, el aumento de los costos del servicio de la deuda y la escasez crítica de reservas internacionales son los factores que motivaron la decisión. La agencia también identificó riesgos elevados derivados del creciente déficit fiscal y la dificultad del país para acceder a financiamiento externo en condiciones viables.
La perspectiva negativa implica que Bolivia podría enfrentar nuevas rebajas si no logra frenar el deterioro de su liquidez o si incurre en medidas que, a juicio de los analistas, constituyan una forma de impago técnico, como una reestructuración de deuda.
Contexto Económico y Social Agravante
El país enfrenta una situación económica frágil que ha empeorado en 2025. La inflación en junio alcanzó el 5.21 % mensual, acumulando 15.53 % en lo que va del año, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra más que duplica la meta oficial del gobierno, fijada en 7.5 % para todo el año.
Entre las causas del alza inflacionaria se encuentran los bloqueos de carreteras organizados por sectores afines al expresidente Evo Morales, que han interrumpido el suministro de alimentos y combustibles, provocando un fuerte encarecimiento de productos básicos.
Además, la escasez de dólares ha llevado a una fuerte distorsión cambiaria. Mientras la tasa oficial permanece controlada, en el mercado paralelo el tipo de cambio es hasta un 50 % más alto, lo que ha fomentado la especulación, el contrabando y el desabastecimiento. En respuesta, el gobierno ha desplegado fuerzas militares en estaciones de servicio y puntos fronterizos para contener el comercio informal de combustibles.
El déficit fiscal sigue por encima del 10.0 % del PIB, alimentado por un gasto público rígido, subsidios energéticos insostenibles y la caída sostenida en los ingresos por exportación de gas natural, uno de los pilares tradicionales del modelo económico boliviano.
Riesgos Políticos y Financieros Crecientes
El ambiente político es otro factor clave que incide en el deterioro de la calificación. La división interna del oficialismo entre el presidente Luis Arce y Evo Morales ha paralizado iniciativas legislativas, como la aprobación de un préstamo internacional de 1 800 millones de US-Dollar, fundamental para reforzar las reservas internacionales.
En paralelo, Bolivia fue incluida en junio en la lista gris del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), lo que refuerza su aislamiento financiero. Esta clasificación implica una vigilancia intensificada por deficiencias en los mecanismos de prevención del lavado de activos, lo que complica aún más la relación del país con los mercados internacionales y con bancos corresponsales.
A la rebaja de S&P se suma la ya aplicada por Moody’s, que en abril degradó la nota de Bolivia a Caa3, advirtiendo de un “muy alto riesgo de impago”. Fitch Ratings también redujo su calificación a CCC‑ en enero, señalando debilidades estructurales persistentes y una pérdida creciente de acceso a financiamiento voluntario.
Escenarios Posibles Según Agencias
S&P advirtió que, sin cambios sustantivos, Bolivia podría enfrentar una rebaja adicional de su calificación en un corto plazo. La agencia proyecta un escenario negativo si continúa el deterioro fiscal, si persiste la parálisis política o si se concreta una reestructuración de la deuda.
Por el contrario, una eventual mejora en la calificación solo sería posible si se implementan medidas sólidas que permitan fortalecer la posición externa del país, reducir la dependencia de financiamiento externo costoso y recobrar la confianza de los inversionistas.
Estas medidas deberían incluir una reforma fiscal estructural, eliminación progresiva de subsidios no sostenibles, racionalización del gasto público y un plan creíble de recuperación monetaria. Sin embargo, la falta de consensos políticos y el calendario electoral limitan seriamente la viabilidad de estas decisiones en el corto plazo.
