La disputa legal entre el consorcio Montecon y el Estado uruguayo ha escalado hasta alcanzar los estrados internacionales. Los socios chilenos y canadienses de Montecon han iniciado un arbitraje por daños y pérdidas, reclamando hasta 600 millones de dólares. Este caso, que se procesa en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), pone en relieve las tensiones y desafíos en la administración de los tratados de inversión y la política portuaria en Uruguay.
Conflicto por Tratados de Inversión
El consorcio Montecon, bajo la propiedad de Neltume Ports S.A., ha llevado al gobierno uruguayo ante el CIADI tras impedírsele operaciones esenciales en los muelles del Puerto de Montevideo. La demanda señala que estas restricciones violan el Acuerdo de Promoción de Inversiones con Chile, afectando gravemente su operativa habitual. “Impiden a Montecon trasladar y almacenar contenedores en los muelles públicos”, señala la empresa, lo cual considera un desconocimiento del régimen jurídico de libre competencia.
Otro Caso Canadiense
Además, los accionistas canadienses presentaron una demanda separada valorada en 240 millones de dólares por violaciones al tratado de protección de inversiones entre Uruguay y Canadá. Este segundo reclamo, aún pendiente de aceptación por parte del CIADI, destaca la complejidad y las múltiples capas de la controversia legal.
Ampliación y Exclusividad con Katoen Natie
En paralelo, Uruguay firmó un acuerdo en marzo de 2021 con Katoen Natie, que implica una expansión significativa de la Terminal Especializada de Contenedores del Puerto de Montevideo. Este trato, valorado en 455 millones de dólares, no solo expande las instalaciones sino que también extiende la concesión hasta 2081, lo cual ha sido visto por Montecon como un acto de competencia desleal.
El panorama en el Puerto de Montevideo refleja un complejo entramado de intereses económicos, políticas gubernamentales y compromisos internacionales. Con múltiples demandas en proceso y grandes inversiones en juego, el desenlace de estos arbitrajes podría redefinir las operaciones portuarias y la confianza de los inversores internacionales en Uruguay. A medida que el CIADI avanza en el proceso, todas las partes esperan una resolución que equilibre los derechos de inversión con las políticas públicas de manera justa y equitativa.
