En República Dominicana, la extracción de oro vuelve a estar en el centro del conflicto. La empresa canadiense Barrick Gold ha reactivado tensiones con la comunidad de Cotuí tras iniciar la construcción de un nuevo depósito de relaves en Las Tres Bocas, provincia de Sánchez Ramírez. El proyecto, diseñado para extender la vida útil de la mina Pueblo Viejo hasta 2040, ha generado fuertes protestas, enfrentamientos y denuncias de desplazamientos forzosos.
Desde inicios de 2025, campesinos y líderes comunitarios han manifestado su rechazo a las condiciones impuestas por la minera. La principal preocupación radica en la reubicación de 653 familias, muchas de las cuales consideran insuficientes las compensaciones ofrecidas. La empresa ha determinado los precios de las tierras basándose en criterios que han sido ampliamente cuestionados por los afectados, quienes señalan que los montos propuestos no reflejan el verdadero valor de sus propiedades ni de los cultivos que sostienen su economía.
Uno de los puntos más críticos de la negociación es la valoración de los cultivos, especialmente el cacao, principal fuente de ingresos de la región. La compensación estimada para terrenos agrícolas no cubre las pérdidas económicas derivadas del desplazamiento ni considera la inversión realizada en producción certificada para la exportación. Agricultores denuncian que la contaminación provocada por la mina ha reducido drásticamente sus cosechas, afectando directamente su sustento.
La intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en El Naranjo ha agravado el conflicto. Mientras el gobierno defiende estas acciones como necesarias para garantizar el libre tránsito y facilitar los estudios en la zona, organizaciones ambientalistas y activistas argumentan que la prioridad debería ser proteger los derechos de las comunidades afectadas.
La historia de Barrick Gold en el país ha estado marcada por la controversia. Tras adquirir los derechos de explotación en 2006, la empresa enfrentó críticas por los bajos beneficios que obtenía el Estado. En 2013, se renegoció el contrato para incrementar la participación estatal en las ganancias, pero aún persisten preocupaciones sobre el impacto ambiental y social de sus operaciones. En 2022, el gobierno declaró de utilidad pública millones de metros cuadrados de terreno para facilitar la expansión minera, una decisión que desató protestas por el posible daño ambiental y la falta de consulta a las comunidades locales.
Expertos advierten sobre los riesgos asociados a la nueva presa de colas. La infraestructura, diseñada para almacenar desechos mineros, podría generar efectos irreversibles en la zona, ya que cada kilo de oro extraído produce millones de kilos de residuos tóxicos. Aunque la empresa afirma que el proyecto se llevará a cabo de manera responsable, ambientalistas subrayan que se han pasado por alto opciones menos perjudiciales.
Mientras la mina sigue operando, los habitantes de Cotuí mantienen su resistencia. A pesar de las negociaciones en curso, la incertidumbre persiste. Con protestas multitudinarias y un proceso de reasentamiento que sigue generando dudas, la comunidad continúa exigiendo respuestas y soluciones que protejan su futuro y el equilibrio ambiental de la región.
