Autoridades destruyen cuatro unidades de producción y advierten un daño ambiental que tardará décadas en revertirse.
Una operación conjunta liderada por la Cuarta Brigada del Ejército Nacional en el municipio de San Carlos (Antioquia) desmanteló esta semana cuatro unidades dedicadas a la minería ilegal de oro. El operativo, realizado junto a la Policía Nacional y su Unidad contra la Minería Ilegal, representa un duro golpe a las finanzas del Clan del Golfo, específicamente a su subestructura Pacificadores de Samaná.
La acción permitió la destrucción de dos excavadoras, cuatro motores y una draga tipo buzo, utilizadas para extraer ilegalmente unos 4.160 gramos de oro mensuales, con un valor aproximado de 1.560 millones de pesos en el mercado. El impacto no solo afecta los ingresos del grupo armado, sino también frena la devastación ambiental en más de cuatro hectáreas de bosque tropical, donde la tala indiscriminada de 5.000 árboles y la contaminación de fuentes hídricas generaban un profundo deterioro ecológico.
Según las autoridades, la recuperación de estos ecosistemas podría tardar más de 40 años, debido al nivel de afectación causado por esta actividad ilícita. Además, se estima que la superficie intervenida era capaz de producir cerca de 1.000 toneladas de oxígeno, lo que resalta el valor ambiental del área protegida.
Una Estrategia Nacional Para Frenar Delitos Ambientales
Este operativo se enmarca dentro del Plan Amazonía, mediante el cual las Fuerzas Armadas han intervenido 18 zonas de extracción ilegal de minerales en Antioquia en lo que va de 2025. Según un comunicado oficial, el Ejército continuará desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales para garantizar entornos más seguros y sostenibles en la región.
Paralelamente, el gobierno nacional avanza en la formulación de estrategias para combatir la deforestación y la criminalidad ambiental. En la más reciente sesión del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales (Conaldef), liderada por la ministra de Ambiente Lena Estrada Añokazi, se abordaron nuevas medidas para fortalecer la vigilancia territorial, judicialización de redes criminales y la protección de ecosistemas estratégicos.
Estrada destacó la captura de cabecillas vinculados con delitos ambientales, gracias a un trabajo articulado entre entidades como la Fiscalía, Policía, Procuraduría, Ministerios de Defensa y Agricultura, Parques Nacionales, la Anla y la Unidad de Información y Análisis Financiero.
Antioquia, Chocó Y Bolívar, en El Foco de la Intervención
La estrategia oficial prioriza los departamentos donde la minería ilegal es uno de los principales motores de deforestación: Antioquia, Chocó y Bolívar. También se discutieron impactos específicos en zonas como la cuenca del río Naya, con efectos negativos en municipios como Buenaventura y López de Micay.
El viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, Mauricio Cabrera Leal, subrayó la necesidad de profundizar en la coordinación interinstitucional para ampliar los avances logrados. Se enfatizó, además, en identificar y judicializar a los financiadores de estas actividades, a través de inteligencia financiera y mecanismos legales.
Mientras tanto, la intervención en San Carlos evidencia cómo la minería ilegal no solo destruye ecosistemas, sino que también alimenta economías criminales y pone en riesgo a comunidades locales. El compromiso de las autoridades es frenar esta cadena de delitos y acelerar la recuperación ambiental.
