En el mundo del fútbol, no todo lo que brilla es oro. Recientemente, la Fiscalía Anticorrupción ha sacudido los cimientos del deporte rey al solicitar 12 años de prisión para Gino Pozzo, antiguo dueño del Granada CF, y Quique Pina, expresidente del club, por graves delitos fiscales. Este caso se perfila como un claro ejemplo de cómo la ambición y la malversación pueden socavar los principios éticos en el deporte.
La acusación de la Fiscalía sostiene que Pozzo y Pina orquestaron un “plan criminal” que inició con la adquisición del Granada CF en 2009. A través de una serie de maniobras financieras y legales, los acusados habrían desviado plusvalías por el traspaso de jugadores a Luxemburgo, evitando así sus obligaciones fiscales en España. Esto no solo representó un enriquecimiento ilícito, sino también un daño considerable a la Hacienda pública nacional.
El modus operandi implicaba el uso de empresas pantalla y sociedades interpuestas, creando una estructura que permitía vaciar la tesorería del club y simular financiación externa. El escrito de la Fiscalía detalla cómo se manipuló la venta de derechos de jugadores y cómo se evitó el pago del Impuesto de Sociedades, una estrategia que perduró incluso después de la venta del club a una empresa china en 2016.
En este complejo entramado, el Granada CF, ahora convertido en Sociedad Anónima Deportiva, también se ve envuelto en la trama. La Fiscalía solicita que el club abone 26,9 millones de euros como parte de su responsabilidad en los delitos cometidos y enfrenta la prohibición de recibir ayudas públicas o beneficios fiscales por un periodo de 12 años.
Este caso resalta la necesidad de una mayor supervisión y transparencia en las operaciones financieras de los clubes de fútbol. Las repercusiones van más allá de las sanciones penales; repercuten en la integridad del deporte y la confianza del público. La justicia, ahora en manos de la Audiencia Nacional, tiene la tarea de sentar un precedente firme contra la corrupción en el mundo del fútbol.
