El proyecto minero-portuario Dominga, liderado por la compañía Andes Iron, se ubica en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, y contempla una inversión aproximada de US$ 2.500 millones. Su diseño contempla la extracción y exportación de 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro de alta ley y cerca de 150.000 toneladas de concentrado de cobre, lo que lo convierte en una de las iniciativas más relevantes del sector minero chileno en la última década.
Un Proyecto de Gran Envergadura
La propuesta incluye además la construcción de un puerto propio, infraestructura de transporte y sistemas de almacenamiento, lo que ha incrementado la preocupación de sectores medioambientales y comunidades locales. El emplazamiento se encuentra próximo al Archipiélago de Humboldt, reconocido internacionalmente por su biodiversidad marina y terrestre, hábitat de especies como el pingüino de Humboldt y diversas ballenas migratorias.
El proceso de tramitación ha sido extenso y conflictivo: en enero de 2023, el Comité de Ministros resolvió rechazar la iniciativa, señalando deficiencias en la evaluación ambiental y riesgos para ecosistemas sensibles. Sin embargo, la empresa ha sostenido que los estudios presentados cumplen con la normativa vigente y que la evaluación técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) avalaba su viabilidad.
Reveses y Avances Judiciales
El conflicto jurídico en torno a Dominga se intensificó en los últimos años. En diciembre de 2024, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta determinó que la resolución del Comité de Ministros presentaba vicios de procedimiento y la declaró ilegal. En consecuencia, ordenó al Comité emitir una nueva resolución en un plazo de 15 días, abriendo un nuevo capítulo en la larga disputa.
Posteriormente, el Gobierno, a través del SEA, junto con organizaciones medioambientales, recurrieron a la Corte Suprema con recursos de casación en la forma y en el fondo. Estos buscaban invalidar el fallo del Tribunal Ambiental y restituir el rechazo emitido en 2023. No obstante, la Sala de la Suprema —integrada por los ministros Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus y Diego Simpértigue, además de la abogada integrante María Angélica Benavides— resolvió inadmitir dichas acciones.
El máximo tribunal consideró que la sentencia de diciembre de 2024 no constituye una resolución definitiva ni interlocutoria con fuerza de cosa juzgada, sino un pronunciamiento que instruye al Comité de Ministros a repetir el procedimiento. Bajo esta premisa, los recursos de casación carecían de admisibilidad.
El fallo de la Suprema, por tanto, mantuvo vigente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°161/2021, documento clave que había aprobado inicialmente el proyecto Dominga. Esta confirmación representó un giro importante para la compañía, al garantizar un respaldo jurídico que le permite sostener la viabilidad del plan mientras se resuelven otros aspectos administrativos y técnicos.
Reacciones Frente Al Fallo
La decisión generó un amplio abanico de reacciones. Para Andes Iron, el fallo de la Suprema marca un hito en la historia del proyecto. Sus representantes destacaron que la resolución elimina cuestionamientos jurídicos que se arrastraban desde hace más de una década y enfatizaron que Dominga se encuentra alineado con la legislación ambiental vigente en Chile.
Por otro lado, agrupaciones ecologistas como la Alianza Humboldt y la ONG FIMA señalaron que la resolución de la Suprema no implica una aprobación definitiva. Recordaron que todavía existen recursos judiciales pendientes, entre ellos procedimientos en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y en instancias administrativas que deben verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental.
El Ministerio del Medio Ambiente subrayó en un comunicado que la sentencia no representa una decisión de fondo sobre el futuro del proyecto. Reiteró que la competencia para aprobar o rechazar Dominga sigue en manos del Comité de Ministros, que ya se había pronunciado en contra en enero de 2025.
Escenario Futuro y Desafíos Pendientes
A pesar del triunfo judicial, Dominga aún enfrenta un camino complejo. Los permisos sectoriales requeridos para iniciar la construcción —que incluyen autorizaciones marítimas, hídricas y de transporte— todavía no han sido obtenidos en su totalidad. Además, el debate público en torno a la viabilidad socioambiental del proyecto sigue siendo intenso.
La ubicación del puerto proyectado en las cercanías del Archipiélago de Humboldt continúa siendo uno de los principales puntos de fricción. Diversos estudios internacionales han señalado que se trata de uno de los ecosistemas marinos más ricos de la costa del Pacífico sur, lo que incrementa la sensibilidad frente a cualquier actividad industrial en la zona.
El Gobierno, por su parte, mantiene la obligación de asegurar que cualquier resolución futura se ajuste a la legislación y a los compromisos internacionales en materia ambiental. Mientras tanto, la comunidad local y las organizaciones ambientalistas han reiterado que la discusión no se limita al ámbito judicial, sino que también implica el modelo de desarrollo que Chile busca proyectar en el futuro.
El desenlace del proyecto Dominga, por tanto, no solo impactará en el sector minero, sino también en la política ambiental del país, en la confianza de los inversionistas y en el equilibrio entre crecimiento económico y protección de la biodiversidad.
