Un escenario electoral bajo presión armada
La política en Colombia continúa marcada por la influencia de actores armados ilegales. En varias regiones del país, disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN ejercen control territorial, limitando la entrada y salida de candidatos. La Misión de Observación Electoral (MOE) identificó cientos de municipios en riesgo desde las elecciones pasadas, situación que se mantiene sin mayores mejoras en 2025.
Este panorama condiciona de manera directa la democracia: los candidatos no pueden hacer campaña libremente en varias zonas, lo que convierte las próximas elecciones de 2026 en un proceso con garantías desiguales y dependientes de dinámicas locales más que de una estrategia nacional coherente.
Un historial de magnicidios y violencia política
La violencia política no es nueva en Colombia. Desde la década de los ochenta, magnicidios como los de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro dejaron una marca imborrable en la memoria colectiva. Más recientemente, el asesinato de Miguel Uribe Turbay reactivó los fantasmas del pasado, rompiendo más de tres décadas sin que un candidato presidencial en ejercicio fuera víctima mortal de un atentado.
A estos episodios se suman secuestros, atentados y agresiones que han acompañado distintas campañas. Lo ocurrido en 2002, 2006, 2014 y 2022 demuestra que la violencia ha sido un actor constante en la disputa electoral. El ciclo de 2026 no parece escapar a esa lógica, lo que refuerza la percepción de fragilidad democrática.
Cinco claves para entender los desafíos
El panorama actual se explica por una combinación de factores que se mantienen latentes:
- Un marco incompleto tras el acuerdo de paz: el pacto con las FARC no consolidó el control estatal y permitió el avance de nuevos actores armados. La estrategia de “paz total” no ha logrado contener la violencia.
- Polarización y desconfianza institucional: cuestionamientos a la Registraduría Nacional y la propagación de desinformación debilitan la credibilidad del sistema.
- El peso del narcotráfico: las economías ilegales actúan como poderes paralelos en varias regiones, condicionando la política local y financiando campañas de manera irregular.
- Fragmentación del electorado: el auge de candidaturas independientes y outsiders dispersa el voto, lo que amenaza con dificultar la gobernabilidad futura.
- Retorno de la violencia contra candidatos: el atentado y muerte de Uribe Turbay evidencian que la seguridad de los aspirantes vuelve a estar en entredicho.
Un 2026 con incertidumbre democrática
El próximo ciclo electoral pondrá a prueba la capacidad del Estado colombiano para garantizar un proceso democrático seguro y legítimo. La persistencia de grupos armados, la fragmentación política y la desconfianza hacia las instituciones hacen prever un escenario complejo. El reto no es solo elegir a un nuevo presidente o Congreso, sino demostrar que la democracia puede resistir a la violencia, al narcotráfico y a la polarización.
De cara a 2026, la pregunta central no es únicamente quién gobernará, sino si el sistema podrá blindarse frente a las amenazas que históricamente han puesto en riesgo la vida de candidatos y la voluntad de los votantes. El desenlace definirá si Colombia logra sostener una democracia resiliente o si la violencia seguirá imponiendo sus límites en el terreno político.
