Extracción Ilegal Con Rostro de Crimen Organizado
En el sur de República Dominicana, el río Nizao se ha convertido en símbolo de un ecocidio que avanza a la vista de todos. En la comunidad de El Roblegal, Baní, retroexcavadoras y camiones cargan arena y grava para la construcción mientras el cauce se seca. Vecinos denuncian que vigilantes armados controlan el acceso, en un negocio que opera como una red mafiosa y que las autoridades no logran contener.
A pesar de que la ley prohíbe la extracción de agregados y establece franjas de protección de 30 metros alrededor de ríos y arroyos, la realidad en terreno muestra concesiones irregulares, vigilancia ausente y décadas de incumplimientos legales. Expertos como el biólogo Luis Carvajal advierten que la sobreexcavación ha hundido el lecho del Nizao y colapsado sus márgenes, afectando la seguridad hídrica de comunidades enteras.
Un Negocio Millonario Que Alimenta la Violencia
El ministro de Medio Ambiente estima que el mercado legal e ilegal de áridos mueve más de 1.000 millones de dólares anuales. Un camión de 20 m³ de arena puede venderse por hasta 350 dólares, mientras que en el mercado informal los precios más bajos incentivan el saqueo. Las mafias, en ocasiones vinculadas a políticos y exmilitares, operan con armas largas y no dudan en amenazar a quienes denuncian.
Los casos de violencia son frecuentes. Activistas como Manuel Antonio Nina han recibido amenazas y extorsiones, mientras que otros, como el agricultor Francisco Ortiz, fueron asesinados por oponerse a la extracción ilegal. La Procuraduría Ambiental reconoce la falta de recursos y la necesidad de una unidad especializada para investigar delitos ambientales y llegar a los líderes empresariales detrás de estas redes.
Impunidad Y Complicidad Institucional
La extracción de materiales no solo impacta el Nizao: ríos como el Yuna, el Tireo, el Yaque del Norte y el Guayubín enfrentan escenarios similares. Denuncias en el Senado han señalado la participación o permisividad de autoridades locales. Los operativos han sido cancelados por amenazas a funcionarios, y en algunos procesos judiciales se han omitido cargos ambientales, lo que organizaciones califican como “doble impunidad”.
Incluso agentes del Servicio Nacional de Protección Ambiental han sido emboscados y desarmados para recuperar cargamentos ilegales incautados. La violencia estructural que rodea al negocio ha convertido la defensa de los ríos en una actividad de alto riesgo.
Impactos Ambientales Y Sociales Irreversibles
La extracción indiscriminada de arena provoca erosión, pérdida de biodiversidad y contaminación de fuentes de agua, comprometiendo el consumo humano y la agricultura. Casos como el del río Masacre, en la frontera con Haití, alertan sobre desplazamientos forzados por la escasez hídrica. En San Cristóbal, la actividad ilegal llegó a socavar torres eléctricas, obligando a intervenciones de emergencia.
Organizaciones ambientales insisten en que, además de reforzar la ley y la supervisión, es urgente fomentar una ciudadanía consciente que rechace ser cómplice del saqueo de los ríos. Sin control estatal efectivo y con la expansión de un mercado negro violento, la República Dominicana enfrenta un riesgo creciente de perder recursos vitales y comunidades enteras.
