Resolución de Conflictos y Evitación del Arbitraje
El gobierno uruguayo, dirigido por el presidente Yamandú Orsi, ha alcanzado un importante acuerdo con el consorcio Grupo Vía Central (GVC) para resolver la compleja disputa financiera surgida alrededor del proyecto del Ferrocarril Central. Esta disputa había generado incertidumbre desde diciembre de 2023, afectando el avance de una de las mayores iniciativas en infraestructura del país. El reciente pacto permite a ambas partes evitar un prolongado y costoso arbitraje internacional, estableciendo un precedente positivo en la gestión gubernamental de conflictos empresariales.
La negociación concluyó con un acuerdo económico significativo, en el que se establece un pago por parte del gobierno uruguayo de aproximadamente 144 millones de dólares correspondientes a las obras finalizadas hasta el 31 de marzo de 2025. Dentro de esta suma, cerca de 56,5 millones corresponden a pagos atrasados que surgieron entre diciembre de 2023 y agosto de 2024. Esta última cifra será sometida a una revisión por parte de un mediador independiente dentro de un periodo máximo de 60 días.
Condiciones Financieras del Acuerdo
Adicionalmente, para las obras realizadas entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, el Estado acordó desembolsar el 80% de la tarifa previamente pactada, aplicando descuentos contractuales máximos y cubriendo cualquier costo adicional generado por retrasos en el pago. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, destacó que este acuerdo refuerza la confianza entre el sector público y privado, y aseguró que se trata de una inversión histórica que garantiza reglas claras para el futuro desarrollo del proyecto.
Este pacto también implica que Uruguay podrá gestionar mejor sus recursos financieros, evitando la incertidumbre y posibles pérdidas económicas asociadas a un proceso de arbitraje internacional. La claridad en los términos del acuerdo permite al gobierno una planificación más efectiva en materia presupuestaria, facilitando la gestión de otros proyectos y compromisos pendientes.
Importancia y Contexto del Proyecto Ferrocarril Central
El Ferrocarril Central es una obra estratégica para Uruguay, diseñada para unir el puerto de Montevideo con la ciudad de Paso de los Toros mediante una vía ferroviaria de 273 kilómetros. El proyecto fue adjudicado originalmente al consorcio GVC, integrado por empresas uruguayas, españolas y francesas, bajo el modelo de participación público-privada (PPP). La inversión total prevista para este proyecto supera los 2.000 millones de dólares, lo que la convierte en una de las más importantes en la historia reciente del país.
La importancia estratégica del Ferrocarril Central radica en su capacidad para facilitar el transporte eficiente y económico de celulosa desde la planta de la compañía finlandesa UPM-Kymmene, ubicada en Pueblo Centenario, hasta el puerto de Montevideo. La puesta en funcionamiento plena de esta infraestructura permitirá a Uruguay posicionarse como un país más competitivo a nivel regional e internacional, impulsando el crecimiento económico y generando oportunidades laborales.
Reacciones Políticas y Económicas
Tras el acuerdo, el presidente Orsi subrayó que esta resolución permite al gobierno cumplir efectivamente con los compromisos adquiridos y garantizar la continuidad del proyecto ferroviario en condiciones favorables. Orsi destacó que el principal objetivo de su administración es asegurar que Uruguay mantenga su credibilidad internacional, cumpliendo puntualmente con sus obligaciones contractuales.
Por su parte, Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas, expresó que este acuerdo pone fin a una situación problemática que había generado incertidumbre económica desde finales de 2023. Oddone aseguró que, aunque se prevé un impacto fiscal en las cuentas públicas del año 2025, la solución alcanzada permitirá liberar recursos y atención gubernamental hacia otros asuntos prioritarios del país.
Este acuerdo es percibido por diversos sectores económicos como una señal positiva del compromiso gubernamental con la estabilidad económica y la transparencia en la gestión de grandes proyectos de infraestructura.
