El recién nombrado ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha prometido recuperar los territorios perdidos ante los grupos rebeldes, marcando un cambio en la estrategia de seguridad del país. En medio de la peor crisis de seguridad en una década, Sánchez ha enfatizado la necesidad de fortalecer la acción militar para proteger la soberanía nacional y a la población civil frente al aumento de la violencia.
El nombramiento de Sánchez, un general retirado de la Fuerza Aérea, representa un giro con respecto a las políticas anteriores que limitaban las ofensivas militares contra los grupos armados. Su designación también rompe con una tradición de tres décadas en la que el Ministerio de Defensa estaba dirigido por civiles. El enfoque previo del gobierno buscaba negociar la paz con varias facciones rebeldes, pero estos esfuerzos no han logrado una estabilidad duradera. En cambio, los grupos insurgentes han aprovechado los ceses al fuego para fortalecer su control sobre regiones remotas, reclutar combatientes y expandir sus actividades ilícitas.
La urgencia del nuevo mandato de Sánchez surge tras una serie de ataques de alto impacto. En enero, más de 36.000 personas fueron desplazadas en la región del Catatumbo, en el noreste del país, debido a una ola de violencia iniciada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que dejó un saldo de aproximadamente 80 muertos. Además, días antes de las declaraciones de Sánchez, 28 policías y un soldado fueron secuestrados en la provincia occidental del Cauca en medio de enfrentamientos con la disidencia de las FARC-EMC. Los secuestrados fueron posteriormente liberados, pero el incidente resaltó el creciente poder de estos grupos armados.
El deterioro de la seguridad llevó al presidente Gustavo Petro a cancelar las negociaciones de paz con el ELN, que habían comenzado en 2022. Aunque Petro ha impulsado una estrategia conocida como “paz total”, con la que busca negociar ceses al fuego con varios grupos armados, esta iniciativa no ha logrado sus objetivos. Si bien se han establecido algunas treguas temporales, estas han permitido a los insurgentes consolidar su poder, extorsionar a negocios locales y mantener el control de rutas clave del narcotráfico.
Los grupos armados han ocupado el vacío de poder que quedó tras la desmovilización de más de 13.000 combatientes de las FARC en 2016. Desde entonces, organizaciones criminales han expandido su control sobre la minería ilegal y el tráfico de drogas, lo que ha agravado la violencia en el país. Petro ha señalado que los líderes del ELN han dejado de lado sus principios revolucionarios y se han enfocado en lucrarse a través del narcotráfico.
Ante estos desafíos, el gobierno colombiano está planificando iniciativas económicas para debilitar la influencia rebelde. En la conflictiva región del Catatumbo, las autoridades pretenden pagar a los agricultores para que reemplacen los cultivos de coca por productos legales. Este programa busca reducir la principal fuente de ingresos de los insurgentes y fomentar el desarrollo regional.
Sánchez aporta tanto experiencia militar como reconocimiento público a su nuevo cargo. En 2023, se convirtió en una figura nacional tras liderar el rescate de cuatro niños indígenas que sobrevivieron a un accidente aéreo en la selva amazónica. Su nombramiento y el cambio en la política militar indican una postura más agresiva contra los grupos rebeldes, mientras Colombia busca recuperar el control de sus territorios y frenar la violencia.
