En un esfuerzo por garantizar la transparencia y el respeto a los derechos humanos de la infancia y adolescencia en México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ha tomado una posición firme frente a la Secretaría de Marina (Semar). La comisionada del Inai, Norma Julieta del Río Venegas, subrayó la importancia de que las Fuerzas Armadas, en particular la Semar, rindan cuentas sobre sus operaciones, especialmente en lo que concierne a su impacto en los más jóvenes del país. Este llamado a la acción surge tras el descubrimiento de que la Semar no proporcionó una búsqueda exhaustiva de información relativa a niños y niñas víctimas de violaciones a sus derechos humanos entre 2017 y 2023.
El Inai, liderado por la perspicacia de Norma Julieta del Río Venegas y Adrián Alcalá, ha puesto de manifiesto una preocupación significativa por la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México. La determinación del Inai de instruir a la Semar para revelar las cifras de víctimas menores en sus operaciones refleja un compromiso con el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas. Alcalá criticó abiertamente la falta de diligencia de la Semar en su respuesta inicial, resaltando que “la Secretaría de Marina no llevó a cabo la búsqueda correspondiente en la totalidad de sus archivos”, lo cual considera una omisión grave en la protección del derecho a la información.
Esta resolución no solo subraya la importancia de la transparencia gubernamental sino que también resalta la necesidad de proteger a los más vulnerables de la sociedad. La mención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNH) sobre la solicitud de comparecencia de 39 autoridades, incluida la Semar, por la no aceptación de recomendaciones, enfatiza aún más la urgencia de esta cuestión.
La decisión del Inai de exigir a la Secretaría de Marina una mayor transparencia en sus operaciones marca un momento crucial en la lucha por los derechos de la infancia en México. Este es un claro recordatorio de que la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos deben ser pilares en la operación de cualquier entidad gubernamental. La sociedad mexicana espera ahora una respuesta concreta y detallada de la Semar, que pueda aliviar las preocupaciones sobre el impacto de las acciones militares en los menores de edad. La protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes no es solo una responsabilidad legal, sino un imperativo moral que todos los sectores del gobierno deben priorizar.