En un importante anuncio realizado a través del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Salud (SSa) ha revelado una asignación presupuestaria sin precedentes de 17,092 millones 901,426 pesos para el año 2024. Este monto, destinado al Fondo de Aportaciones Múltiples, específicamente para su componente de Asistencia Social, marca un hito en los esfuerzos del gobierno por mejorar las condiciones de vida y el bienestar de la población vulnerable en todo el país.
La distribución de este generoso fondo se hará llegar a las 32 entidades de la nación, utilizando una fórmula meticulosamente diseñada para garantizar una distribución equitativa. Esta fórmula toma en consideración el desempeño anterior y la vulnerabilidad social de cada entidad, asegurando así que los recursos se asignen donde más se necesitan. La estrategia detrás de este enfoque es permitir que cada Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) tenga la flexibilidad de usar los fondos de acuerdo con sus necesidades específicas, alineadas con la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario.
El Estado de México encabeza la lista de beneficiarios con una asignación de 1,821 millones 933,133 pesos, seguido de cerca por Veracruz, Chiapas, Puebla, Oaxaca y Jalisco, reflejando una distribución considerada de recursos. En contraste, Baja California Sur recibirá la menor parte del presupuesto, evidenciando la intención de equilibrar las disparidades regionales.
Este anuncio no solo destaca el compromiso del gobierno con la asistencia social, sino que también subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, con la Auditoría Superior de la Federación recibiendo fondos específicos para supervisar la correcta utilización de estos recursos, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.
La asignación histórica de fondos para la asistencia social en 2024 es un testimonio del enfoque progresista de México hacia el bienestar social y la equidad. Con este movimiento estratégico, el gobierno no solo busca mitigar la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, sino que también establece un precedente de responsabilidad fiscal y transparencia en la gestión de los recursos públicos.
