En un reciente giro de eventos, la Asociación Nacional de Magistrados ha salido en defensa de la independencia judicial tras la presentación de una denuncia de juicio político por parte del gobierno federal contra el juez Crescencio Contreras Martínez. Esta acción ha suscitado un debate en torno al uso del juicio político, con la asociación argumentando que tal recurso no debe servir como herramienta de control gubernamental sobre el Poder Judicial. La denuncia, presentada por la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, acusa al juez Contreras Martínez de emitir fallos que presuntamente favorecen a miembros del crimen organizado, una acusación que pone en tela de juicio la objetividad y la imparcialidad del sistema judicial.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) ha reafirmado su compromiso con los principios constitucionales, destacando que cualquier resolución favorable al imputado no es más que el resultado de una “deficiente actuación de la Fiscalía General de la República (FGR)”. Esta posición resalta la importancia de mantener una separación de poderes clara, donde el juicio político no se convierta en un instrumento de presión política.
El llamado a preservar la garantía de independencia judicial es un recordatorio crucial de los pilares sobre los que se asienta la democracia. El caso del juez Contreras Martínez se convierte así en un punto de inflexión que pone a prueba la robustez de las instituciones judiciales del país frente a las intervenciones del poder ejecutivo. En este contexto, la sociedad civil y los entes gubernamentales deben reflexionar sobre el equilibrio de poderes y la importancia de un Poder Judicial autónomo que garantice la justicia y la imparcialidad, lejos de las influencias políticas transitorias.
